MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las acusaciones populares y particulares en la causa contra el presunto represor de la dictadura argentina Ricardo Miguel Cavallo presentaron hoy un escrito a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para que "impulse el procedimiento" para juzgar al ex militar argentino en estas dependencias judiciales.
En su escrito, instan a la Sala a que "de forma inmediata dé traslado a la defensa de Cavallo para que concluya el escrito de conclusiones provisionales y acto seguido dicte auto en el que se señalen los días de inicio de las sesiones del juicio oral".
La petición recuerda que el Tribunal Supremo, por sentencia del 18 de julio de 2007, confirmó la Jurisdicción y competencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para la celebración del juicio.
El último movimiento en esta causa tuvo lugar el pasado jueves 14, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional discutió las cuestiones planteadas por la defensa del presunto represor argentino Ricardo Cavallo que tienen que ser resueltas antes de que se inicie el juicio contra él.
Durante la vista, celebrada en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, la Fiscalía y las acusaciones se opusieron a la petición del abogado defensor, Fernando Pamos de la Hoz, de anular el proceso que fue iniciado en España contra el ex militar por su actuación durante la dictadura argentina (1976-1983).
Este letrado alegó, entre otras cuestiones, que se ha vulnerado el derecho de su cliente a un juez imparcial. Según el escrito remitido a la Sala de lo Penal, al que ha tuvo acceso Europa Press, el letrado considera que el juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del caso, Baltasar Garzón, "es una extensión ideológica de las acusaciones personadas en esta causa".
En contra de esta postura, las acusaciones --que cuentan con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional-- argumentaron que hablar en público sobre unos crímenes de tales magnitudes como los acaecido en esos años en Argentina no supone incurrir en imparcialidad alguna, informaron fuentes jurídicas.
Tanto las acusaciones como el Ministerio Público instaron en su día la apertura del juicio argumentando que todas las cuestiones relativas a la extradición o no de Cavallo a Argentina, que aún no han sido definitivamente resueltas, son independientes de que se dicte la apertura o no de un juicio contra él en nuestro país.
CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD.
Cavallo está acusado de formar parte del grupo de personas que durante la dictadura militar cometieron delitos de lesa humanidad en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se produjo la privación de libertad de numerosas personas y su sometimiento a condiciones inhumanas de vida, con torturas psíquicas y físicas.
El ex dirigente argentino podría ser juzgado en España por estos crímenes después de que el pasado 17 de julio el Tribunal Supremo reconociese la legitimidad de la Audiencia Nacional para juzgar este caso al rechazar la cesión de jurisdicción en favor de Argentina que acordó la propia Audiencia Nacional.
El Supremo estimó los recursos presentados por la Fiscalía y las numerosas acusaciones personadas en la causa contra un auto de la Audiencia Nacional que previamente había estimado la pretensión de Cavallo de ser extraditado a su país de origen, para ser allí enjuiciado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita para el presunto represor entre 13.000 y 17.000 años de cárcel.
En la actualidad, Cavallo se encuentra en prisión a la espera de que se decida el contencioso acerca de su petición de extradición. Ingresó en la cárcel el 1 de febrero de 2007 por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ante quien compareció de manera voluntaria un día después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le dejase en libertad tras haber permanecido en prisión desde su detención en México en agosto de 2000.
Ricardo Cavallo fue extraditado a España, desde México, en junio de 2003, a petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que le investigaba por genocidio y torturas. Pero, a petición de la defensa del propio procesado, la Audiencia Nacional concedió la remisión de la causa a las autoridades jurisdiccionales penales de Argentina, quienes presentaron solicitud formal de extradición.