BUENOS AIRES, 2 May. (Reuters/EP) -
Las entidades agropecuarias argentinas definirán hoy sus acciones contra una política impositiva sectorial del Gobierno, con opciones que van desde nuevas protestas hasta una prórroga para el diálogo, ante el fracaso de negociaciones celebradas durante un mes de tregua.
Los representantes del campo acordaron ayer mantenerse movilizados en asambleas y en estado de alerta al no haberse logrado los objetivos planteados hace un mes, cuando dieron una tregua para negociar y levantaron la feroz huelga que causó una crisis de abastecimiento y tuvo un alto impacto político.
En diferentes reuniones celebradas por entidades rurales, se presentaron posiciones divididas acerca de cómo seguir en pie de lucha, mientras el Gobierno de Cristina Fernández se resiste a revisar un aumento de impuestos a las exportaciones de soja y girasol, que fue el detonante de la huelga.
Mientras los productores del campo más duros pretenden volver a las carreteras como protesta, otros quieren moderar la postura para permitir que se mantenga el diálogo con la administración de la presidenta Fernández. "El sector rural se encuentra en permanente estado de alerta y movilización (...) No es beneficioso para nosotros causarle problemas a la gente", aseguró a la prensa el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens.
Por su parte, el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, sostuvo una posición más dura: "Marcamos el final de la tregua". "Se inicia, de ahora en más, una campaña de movilización y de desenmascaramiento de quiénes son los que ganan en la Argentina", añadió. La comisión de enlace está conformada por la SRA, la FAA, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
El presidente de Coninagro, Fernando Gioino, adelantó que ellos alientan no volver a las carreteras al menos hasta el martes, cuando está prevista una nueva reunión con funcionarios del Gobierno. El martes se analizaría la vigencia de los impuestos móviles a las exportaciones de granos, lo que disparó la huelga sectorial con cortes de carreteras, desabastecimiento de alimentos en algunas ciudades y crisis en el plano político.
COSTE POLITICO
La protesta de marzo, que duró tres semanas, detuvo las exportaciones de Argentina -uno de los mayores proveedores mundiales de granos, productos derivados y carnes- y generó alzas en los principales mercados internacionales de materias primas. Para dar un poco de oxígeno frente a la huelga de marzo, los hombres del agro resolvieron el 2 de abril dar una tregua de 30 días, pero el malestar persiste pese a que las entidades y el Gobierno alcanzaron el miércoles acuerdos para reabrir las exportaciones de trigo y de carne.
El Gobierno se mostró satisfecho con los avances logrados, pero algunos productores agrarios recriminan que sólo se postergan decisiones oficiales para simplemente dejar pasar el tiempo y desgastar las bases empresariales. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aclaró que la normalización de las exportaciones de carne sería en el transcurso de los próximos días y que se deberá cuantificar los remanentes de trigos que existen para vender al exterior.
Por otra parte, la semana pasada renunció el ministro de Economía Martín Lousteau, quien fuera el impulsor de un sistema de impuestos móviles que implicó un alza en la alícuota -llamada retenciones- a las exportaciones de soja y girasol. Tras su salida, las negociaciones se intensificaron, incluso no se descartó la participación de Carlos Fernández, nuevo titular del palacio de Hacienda.
Mediante el nuevo esquema impositivo, el Gobierno quiere evitar que los elevados precios internacionales de los alimentos se trasladen al mercado doméstico y perjudiquen principalmente a la cuarta parte de la población argentina que vive en la pobreza. El acoso inflacionario es uno de los problemas que afronta el Gobierno, en menos de cinco meses de gestión.