Actualizado 13/03/2014 00:35

Macri podría ir a juicio

El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri
Foto: TÉLAM

BUENOS AIRES, 12 Mar. (Notimerica/EP) -

   El fiscal federal argentino, Jorge Di Lello, ha apelado este miércoles la decisión judicial por la cual el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Maurico Macri, evitaría comparecer en un juicio oral por las escuchas ilegales que presuntamente habría cometido y por las que está siendo procesado.

   Hace unos días, el juez federal que dirige la causa, el magistrado Sebastián Casanello, rechazó la petición de la Fiscalía al explicar que las pruebas presentadas eran insuficientes, lo que para Di Lello,
"sustrajo valor objetivo a los hechos ya probados, minimizando lo que ha sido una más que extensa instrucción en la que la parte interesada ha tenido innumerables oportunidades para ejercer su defensa".

   Casanello ha explicado que "ninguno de los escritos, ya sea del fiscal o de las querellas, señala o especifica una prueba directa que permita sostener que Macri haya requerido u ordenado actos de espionaje", según ha mostrado la agencia argentina Télam.

   Por su parte, el fiscal ha sostenido "que se ha acreditado fehacientemente que fue Macri quien trajo a sus filas a Jorge Palacios" y que "estuvo probada la relación directa" del jefe de Gobierno con el que fuera el jefe de la Policía Metropolitana.

   Quienes sí tendrán que ir al juicio oral serán el exministro de Educación porteño Mariano Narodovsky, el expolicía y espía Ciro James y Palacios, así como otros funcionarios pertenecientes al partido de Macri, Propuesta Republicana. En ese sentido, el juez también ha citado como testigo para el próximo día 15 de abril al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro.

CASO DE ESCUCHAS ILEGALES

   Mauricio Macri está procesado por violación de secreto, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", aunque Casanello ha puesto en duda está última figura. La causa de las escuchas ilegales se produjo tras la denuncia de un familiar de las víctimas del atentado cometido en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires.

   El afectado, Sergio Burstein, denunció a las autoridades este supuesto escaso de espionaje después de recibir una llamada anónima avisándole de dicha situación. Tras él, una serie de empresarios y legisladores, incluso el cuñado de Macri --Néstor Daniel Leonardo--, se unieron al grupo de los espiados.

   Al parecer, las escuchas eran realizadas en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) bajo la gestión de James, quien enviaba las cintas de audio a Palacios.

   En el caso de Narodowski, el que fuera ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires fue procesado por haber contratado como "asesor" a James, sin que se haya podido demostrar qué hacía para el Ministerio. La investigación apunta a que su contratación era una tapadera para justificar el pago de sus servicios.