BUENOS AIRES, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Al menos cuatro funcionarios de una prisión argentina cercana a Buenos Aires compraron comida para 1.500 presos durante 2007, cuando no había ningún recluso en las prisiones, para desviarla posteriormente a una empresa de cáterin propiedad de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), según las hipótesis que maneja y que ya investiga la fiscalía de Investigaciones Complejas del departamento judicial San Martín.
Además, la prisión no admite presos debido a la contaminación de las aguas de las que se abastece, provocada por el vertido ilegal de basuras y residuos por los que también cobraban los funcionarios, según informa el diario 'La Nación'.
Las tres unidades penitenciarias, situadas en el municipio de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, adquirieron medias reses, verduras y huevos con cargo al presupuesto estatal.
Según consta en una declaración testimonial de la causa, esa empresa de cáterin suministró comidas, cenas y postres al equipo de cien personas de la productora que, durante tres meses, filmó la película 'Leonera' en una de las cárceles, cuyo realizador cinematográfico contrató el servicio de buena fe con los responsables de la compañía.
En la causa, a cargo de la fiscal Mónica Rodríguez, figuran una serie de indicios que fundarían las sospechas sobre los funcionarios penitenciarios. "Se hacían anotaciones con lápiz en los libros de actas para blanquear en los libros lo que hacían en los hechos: requerir el excedente para llevárselo del establecimiento. Además, los remitos se hacían a mano y sin fecha cuando deben venir impresos", indicó uno de los testigos.
Con respecto a la película, los testigos detallaron que la productora cinematográfica pagaba una suma global que recibían algunos jefes penitenciarios. Dichos funcionarios son los que aparecen en la mira de la Justicia, mientras que los responsables de la productora no son objeto de la investigación y, eventualmente, podrían ser citados a declarar como testigos.
"Algunos jefes de las unidades no aceptaban la imposición de las autoridades sobre algunas contrataciones en cuanto debían aceptar la transferencia falaz de mercaderías vinculadas con órdenes de compras que, si bien estaban en regla, se relacionaban a unidades que no tenían internos alojados; que en estos casos debían posibilitar mediante un falso ingreso sus cárceles de mercaderías", indica la denuncia realizada por el secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati.
BASURERO Y AGUAS CONTAMINADAS
Además del presunto caso de corrupción por la venta de comida, un testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que los funcionarios cobraban entre 50 y 80 pesos (entre 10 y 16 euros) para que algunas empresas arrojaran basura y desechos orgánicos en los terrenos de la cárcel.
Con esta maniobra, las firmas dedicadas al transporte de residuos se ahorraban un cincuenta por ciento del canon que les cobra la empresa del relleno sanitario por arrojar la basura en una zona autorizada. "Así, nivelaron un arroyo que estaba dentro de la unidad (penitenciaria). Los camiones con basura entraban en fila india. Uno tras otro. Tiraban de todo, residuos cloacales, material extraído de los pozos ciegos y los residuos de los tanques de combustibles", explicó un testigo en su declaración.
Otro de los hechos que denunció Casolati fue la contaminación del agua de las tres prisiones. Debido a la declaraciones de varios presos y de agentes penitenciarios, Casolati presentó un recurso de para que las autoridades del SPB y del Ministerio de Justicia bonaerense suspendan el traslado de presos a las tres prisiones a causa de la contaminación del agua.
Los informes técnicos elaborados por la empresa Aysa, a los que tuvo acceso el diario 'La Nación', apuntan a que el agua del Complejo Penitenciario San Martín tenía fosfatos, calcio, níquel, antimonio, bario, hidrocarburos, tolueno, etilbenceno, DDT, heptacloro, hexaclorobenceno y plaguicidas, entre otras sustancias.
Los cuatro últimos compuestos figuran en el protocolo de la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y representan un grave peligro para salud y el medio ambiente. Tales sustancias también tienen su uso regulado en Argentina.
A pesar de la superpoblación existente en las cárceles bonaerenses y de la necesidad de trasladar a los presos de las comisarías de la policía provincial a las prisiones, se ha suspendió el ingreso de internos a las unidades 46,47 y 48 por la contaminación del agua, que también afectó al personal penitenciario.
Actualmente, en las tres cárceles no hay más de 200 internos alojados, a pesar que tienen capacidad para 1500 presos. "El agua no sirve ni para bañarse. Antes de que comenzaran a llegar los primeros internos, muchos agentes penitenciarios sufrieron enfermedades eruptivas. Esto se debe a que las cárceles se edificaron sobre relleno sanitario y el agua se obtiene de las acumulaciones que por decantación reciben las sustancias que se arrojaron para hacer ese relleno. Cada unidad tiene dos pozos y los análisis revelaron que el agua estaba contaminada", indicó un importante funcionario judicial.