BUENOS AIRES, 22 Jul. (Notimérica/EP) -
El Gobierno de Argentina ha advertido de que el acuerdo con los llamados fondos buitre "se ha complicado aún más" después de que estos hayan presentado un pedido de embargo en contra de la petrolera YPF y de Chevron, en la víspera de la audiencia que tendrá lugar este martes en la Corte del juez Thomas Griesa.
"Argentina se ha involucrado y sigue involucrada con el mediador nombrado por la Corte para instar a la partes a llegar a una resolución", ha añadido el Ejecutivo argentino en la nota, donde insiste en dar la vuelta al fallo por el que el Gobierno no le puede pagar a los tenedores de bonos que ingresaron en el canje si no paga antes a los fondos buitre.
En este sentido, el Gobierno argentino ha pedido de nuevo al juez Griesa que le permita pagar a los bonistas que entraron al canje. Así, los abogados del país solicitaron al magistrado que le permita al Bank of New York Mellon distribuir los 539 millones de dólares que el país depositó para sus tenedores de deuda.
Los bancos fiduciarios que administran los pagos de la Argentina pretenden que Griesa les indique qué deben hacer con los 900 millones de dólares que la Argentina depositó en sus cuentas el 26 de junio para cancelar los vencimientos de deuda, tal y como ha informado el diario argentino 'La Nación'.
LA BATALLA LEGAL ARGENTINA
Los fondos 'buitre' han impuesto sobre Argentina 28 embargos desde 2001. El país incumplió en 2001 las obligaciones del servicio de deuda por importe de 95.000 millones de dólares. Posteriormente, en 2005, el país ofreció a sus acreedores un canje por bonos de valor inferior, oferta que repitió en 2010. Argentina logró con estas propuestas acuerdos que cubrían el 92 por ciento de su deuda, pero fue rechazada por los inversores, que exigieron al país austral el pago íntegro de la deuda.
En noviembre de 2012, la Corte Federal de Nueva York dictaminó la obligación de Argentina de abonar los 1.330 millones de dólares que adeuda a los 'hedge funds' que rehusaron reestructurar sus bonos argentinos en cartera tras la quiebra del país austral en 2001.
"Argentina tiene que pagarle a los demandantes el cien por cien de esos 1.330 millones al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados", indicó el juez federal Thomas Griesa en su sentencia de noviembre de 2012.
Argentina apeló la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el acompañamiento de los Gobiernos de Dilma Rousseff (Brasil) y Enrique Peña Nieto (México), de la Cámara de Comercio americana de Argentina y del Premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz.
En junio de 2013, en un escrito del Gobierno de Estados Unidos de la Cámara de Apelaciones dijo que la interpretación de Griesa "podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana".
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