BUENOS AIRES, 8 Ene. (Reuters/EP) -
Un ex prefecto de la dictadura militar argentina hallado muerto en su celda días antes del fallo de un juicio por torturas habría sido asesinado para evitar que declarara sobre varias violaciones de los Derechos Humanos cometidas entre 1976 y 1983, según la Justicia.
Héctor Febres, acusado de crímenes de lesa humanidad, falleció el pasado 10 de diciembre por ingesta de cianuro en la habitación donde estaba arrestado dentro de un complejo de la prefectura. La jueza Sandra Arroyo declaró en su resolución que el asesinato fue para "silenciar al que intente revelar datos o información de los hechos vinculados a las violaciones de los Derechos Humanos durante el último Gobierno de facto."
La magistrada ordenó el arresto de dos oficiales de la marina que custodiaban a Febres, acusados de haber habilitado el acceso al lugar a los supuestos asesinos de el ex represor, indicó a Reuters una fuente judicial. Febres había sido responsabilizado de torturar a prisioneros políticos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de detención de la dictadura.
INTENCIONES DE FEBRES
Inicialmente, los medios de comunicación especularon con el suicidio de Febres a pocos días de que se conociera el veredicto en su caso, que se esperaba fuera condenatorio. Febres se declaró inocente durante el juicio, pero recientemente había dicho a su familia y a un cura amigo que planeaba hablar sobre los crímenes cometidos en su alegato previo al fallo judicial ya que se sentía un chivo expiatorio, según la resolución judicial.
Febres habría estado dispuesto a dar a conocer información sobre el destino de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura, y que fueron robados y entregados en adopción con nombres falsos, lo que los analistas afirman habría roto el pacto de silencio que reina entre los integrantes de las fuerzas.
"Se evidencia una clara decisión (de Febres) de dar a conocer su actuación en la represión ilegal y quizás (sobre el) destino dado a los niños nacidos en cautiverio," comentó la jueza en su resolución, según señaló la fuente.
Los militares han mantenido casi un absoluto silencio sobre su modo de actuar durante la dictadura, en la que unas 11.000 personas fueron asesinadas, según una investigación oficial, cifra que trepa a 30.000 desaparecidos de acuerdo con las organizaciones de Derechos Humanos.
CASOS ANTERIORES
En 2006, un testigo de un juicio por violaciones de los Derechos Humanos, cuyo testimonio sirvió para condenar a cadena perpetua a un ex comisario de la dictadura, desapareció y aún esta siendo buscado por las fuerzas de seguridad, en lo que se cree fue un intento de intimidar a futuros testigos en otros casos.
El Gobierno del ex presidente Néstor Kirchner impulsó la reactivación de las causas por los crímenes de la dictadura, lo que permitió la reapertura de cientos de juicios y llevar a prisión a decenas de ex represores mientras esperan su juicio.