Actualizado 20/11/2007 16:23

Argentina.- Un pueblo argentino de 600 habitantes será subastado a causa de una deuda hipotecaria

BUENOS AIRES, 20 Nov. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

Un pueblo de 600 habitantes de la provincia de Córdoba, en el centro de Argentino, será subastado a petición del BBVA Banco Francés, que reclama a los propietarios de las tierras en que se encuentra la población el pago de una deuda cercana al millón de dólares contraída mediante un crédito hipotecario.

La Justicia ha dispuesto la venta en subasta de más de 2.200 hectáreas de unas tierras pertenecientes a la empresa Olivares y Viñedos de San Nicolás en el norte de la provincia de Córdoba (a unos 1.000 kilómetros de Buenos Aires), que incluyen el pueblo de Olivares San Nicolás, informa la prensa local.

El pueblo asentado sobre las tierras en litigio tiene 600 habitantes y cuenta con una escuela, una iglesia, un destacamento de la policía provincial, un juzgado de paz, un comedor comunitario donde asisten unos 100 niños y un club de fútbol con su propio estadio.

"El daño ya está consumado. Obviamente los vecinos están desesperados, porque les subastarán las instituciones del pueblo: una escuela pública, un destacamento policial, una iglesia... ¡Las casas de cientos de personas! Les sacan todo, lo poco que tienen", dijo Manuel Díaz, el jefe comunal de Olivares San Nicolás, al diario 'La Nación'.

La fecha de la subasta dispuesta por la Justicia es para el próximo 18 de de diciembre. El Banco Francés sostuvo que "se trata de un juicio por una hipoteca que viene de hace muchos años y el lugar ya estuvo a punto de ser rematado, más allá de que allí exista un pueblo. Si se llega a un acuerdo, continúa el mismo dueño, si no, se cambia de dueño".

La historia del litigio se remonta a 1993, cuando la firma Olivares y Viñedos de San Nicolás empezó con la plantación de 900 hectáreas de olivos y donó unas 40 hectáreas para que el gobierno de Córdoba construyera vivienda. Así surgió el pueblo.

La compañía se endeudó posteriormente con el banco y puso como garantía del pago la escritura de unas 2.216 hectáreas, que fueron hipotecadas en beneficio del banco, según lo resuelto por el juez civil Carlos Molina Portela.