LA PAZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General anunció este martes que está estudiando dos posibles respuestas al fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) que ordena a Bolivia pagar 28,9 millones de dólares más intereses por la nacionalización de la eléctrica británica Rurelec: pedir la nulidad o solicitar la reducción de la compensación económica "a su mínima expresión".
"De acuerdo al procedimiento arbitral, a las normas internacionales y a las normas holandesas, se puede pedir una anulación de la indemnización ante los tribunales holandeses en el tiempo de tres meses", explicó el fiscal general, Raúl Montero, con respecto a su decisión de recurrir la sentencia fallada el pasado día 31.
Montero también precisó que el país dispone de "la posibilidad de hacer un análisis para reducir esta cantidad a su mínima expresión usando los recursos y procedimientos que nos facilita la ley". En ese sentido, el fiscal aseguró que el TPA admitió la mayoría de las objeciones planteadas por Bolivia, lo que rebajó en un 80 por ciento los casi 143 millones de dólares que en un principio reclamó Ruralec.
El fiscal general también explicó que el montante total son los casi 29 millones de dólares que ordenó el TPA y no los 41 millones que anunció y exige la compañía británica. Montero señaló que los 5,5 millones que reclama Rurelec por concepto de pago de dividendos no corresponde, porque esa cantidad ya se abonó en su paquete acciones.
El 1 de mayo de 2010, el Gobierno de Bolivia nacionalizó el 50,001 por ciento de las acciones que tenía la empresa eléctrica estadounidense Guaracachi America Inc (GAI) en la Empresa Guaracachi SA (EGSA). GAI es subsidiaria de Rurelec, recuerda el periódico boliviano 'La Razón'.
EL GOBIERNO CRITICA EL FALLO
El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó el martes que el Gobierno respeta la decisión de La Haya, aunque criticó que en este tipo de situaciones, los tribunales siempre se decanten del lado de las compañías privadas.
"Respetamos a las instituciones internacionales, aunque no comparto los arbitrajes, siempre gana la empresa privada y nunca el Estado, pero la posición de mi Gobierno siempre será de respeto", matizó el dirigente.