Actualizado 22/03/2014 14:57

Brasil dice que no puede detener ni extraditar a Soza

LA PAZ, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Embajada de Brasil en Bolivia ha explicado que la Policía brasileña no puede detener ni extraditar al exfiscal Marcelo Soza mientras dure su refugio condicional de 180 días que le otorgó la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) para permanecer en el país mientras se analiza su pedido de refugio político.

   La fiscal general de Bolivia, Rose María Barrientos, emitió hace algo más de una semana una orden de captura contra el exfiscal Marcelo Soza, acusado de extorsión, tras su huída del país y petición de asilo en Brasil --bajo la denuncia de que es víctima de una "persecución política"--.

   "Mientras esté en análisis el pedido no se le puede detener, no se le puede extraditar, la Policía brasileña no puede aprehenderlo, es lo mismo que ocurre en cualquier sitio, aquí en Bolivia hay prófugos brasileños que están en análisis en Conare, es la misma cosa", ha explicado el encargado de negocios de la Embajada del Brasil en Bolivia, Joao Luiz Pereira Pinto.

   Pese a estas declaraciones, el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eugenio Rojas (MAS), ha afirmado que mantiene la esperanza de que Soza pueda ser extraditado del país vecino para poder ser juzgado, según informa el diario boliviano 'Los Tiempos'.

   Por su parte, la senadora Carmen Eva Gonzales (Convergencia Nacional) denuncia "manipulación" por parte del Gobierno brasileño para no extraditar al exfiscal Soza, unas declaraciones que chocan con las del diputado Carlos Aparicio (Movimiento al Socialismo), que defiende que ambas partes están haciendo todos los esfuerzos.

'CASO TERRORISMO'

   El denominado como 'caso terrorismo' es una supuesta trama de algunos sectores de la oposición boliviana para derrocar y asesinar al presidente del país, Evo Morales, así como para dividir en dos el territorio de Bolivia.

   El 16 de abril de 2009, la Policía abatió en un hotel de la ciudad de Santa Cruz a tres personas de diversas nacionalidades, uno de ellos de origen boliviano. Además, otras dos fueron detenidas por su supuesta implicación en un intento de magnicidio, auspiciado por un grupo de empresarios y políticos autonomistas de esta pudiente región.

   Han pasado casi cinco años desde entonces y el proceso judicial, lejos de solucionarse, ha ido complicándose con el paso del tiempo. Actualmente el caso cuenta con 39 acusados y ha experimentado dos cambios de tribunal, el encarcelamiento de tres abogados del Estado por supuesta corrupción, así como la renuncia de Soza.

   Las autoridades bolivianas han acusado a Soza de extorsionar a los testigos del caso para que implicaran en este supuesto entramado terrorista a líderes políticos y sociales de Santa Cruz, imputaciones que, según ha dicho, responden a una "persecución política" en su contra.