LA PAZ, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las cuatro regiones opositoras al Gobierno de Evo Morales, Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija, actuarán en bloque que les permita ejercer la autonomía, de ser necesario con la administración directa de sus recursos naturales y sin descartar el recurrir al Tribunal de La Haya, según informó el diario boliviano 'La Razón'.
El dirigente cívico del Beni, Alberto Melgar, dijo que el Consejo Nacional Democrático (Conalde) formado Cochabamba y Chuquisaca y las cuatro regiones anteriores, aprobará los mecanismos alternativos para poner en marcha las autonomías, si hay un intento de frenarlas.
En caso de que se congelen los fondos departamentales, se optará por la administración directa de los recursos naturales en cada departamento. "Nos van a obligar a incurrir en acciones que sabemos y somos conscientes no debemos hacerlas", dijo Melgar.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró ayer que el resultado del referéndum cruceño del 4 de mayo, como las otras tres consultas que se realizarán en junio, no podrán aplicarse porque son ilegales.
"Creemos que aquellos que están en el terreno de la ilegalidad, si persisten en ello, tendrán muchas dificultades a la hora de tratar de aplicar los actos de un resultado irregular, que no podemos llamarlo un referéndum", afirmó.
Por su parte, el presidente cívico cruceño, Branko Marinkovic, dijo en una campaña de recaudación de fondos proautonomía en Beni, que "ahora más que nunca las regiones autónomas debemos apoyarnos y trabajar juntas", según publicó el citado diario.
Melgar recalcó que los referendos son legales y sus resultados deberán ser aceptados. Dijo que, en el marco del Conalde, se plantea apelar al Tribunal de La Haya para que el "Gobierno reconozca este proceso".
Sin embargo, Rada no comparte la opinión y, como lo hiciera Morales, anunció juicios. "Estamos en la obligación de iniciar procesos legales a aquellos que han realizado, fomentado y convocado a actos ilegales", insistió.
Mientras tanto, el presidente del Senado, Óscar Ortiz, pidió a los países que buscan el diálogo en Bolivia que demanden al Gobierno "que no utilice ni violencia ni fuerza, especialmente cuando se realicen los referendos por los estatutos autonómicos".