MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
Las diez familias bolivianas, 18 adultos y once niños, desalojadas de la Cañada Real en los derribos practicados el pasado 22 de abril demandaron hoy al Ayuntamiento de Madrid por vulnerar sus derechos fundamentales a la inviabilidad de la vivienda y a la intimidad por expulsarles sin orden judicial de las casas en las que vivían alquiladas.
Los abogados de los afectados interpusieron este mediodía ocho demandas contra el Consistorio madrileño ante el Decanato de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, situado en la calle Gran Vía. La pretensión de las familias persigue que el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón reconozca el derecho que tienen a ser resarcidas por los perjuicios causados a consecuencia del desalojo.
Los 18 adultos y once niños conviven ahora en los 60 metros cuadrados de la parroquia de San Carlos Borromeo, la conocida Iglesia roja de Entrevías, a la espera de que la Administración, ya sea autonómica o regional, les ofrezca alguna solución a su situación de desamparo.
El 22 de abril, los técnicos municipales les despojaron de la vida que llevaban en la Cañada, derribando en la mayoría de casos las únicas pertenencias de las que disponían. Las familias llevaban desde dos a cuatro años viviendo en la Cañada. "Son personas trabajadores. Muchos tenían contrato de trabajo, médicos asignados y sus hijos escolarizados, mientras que otros estaban en situación de irregularidad", apuntó Patricia Fernández, abogada que representa a San Carlos Borromeo, quien se lamentó de que "muchos han perdido todos sus ahorros" al tenerlos en las viviendas por no poder abrir una cartilla al estar indocumentados.
"UN PRIMER EMPUJÓN" A LAS FAMILIAS.
La labor social de la Iglesia 'Roja' está respaldada por la parroquia Santo Domingo de la Calzada y por Caritas, que gestionan apoyos para conseguir que los desalojados puedan recuperar la independencia que tenían hasta el 22 de abril.
El párroco de la iglesia San Carlos Borromeo, Javier Baeza, que acompañó esta mañana a los abogados, apuntó que se encuentran a la espera de recibir "alguna respuesta" de la Administración pública a sus peticiones de ayuda. Por ahora, están gestionando con Cruz Roja y Caritas la posibilidad de que puedan ayudar en dar "un primer empujón" económico para facilitar su acceso a algún alquiles de la capital.
Baeza criticó que, una vez más, los derribos en la Cañada se ceben con "los inmigrantes y, más aún, con los trabajadores", mientras que quedan al margen las zonas donde se trafica con drogas. "Reclamamos una Mesa de Diálogo entre el Ayuntamiento y los vecinos porque la situación se va a enquistar, teniendo en cuenta que están previstos el derribo de otras 30 casas", apuntó.