LA PAZ, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha instado este jueves a "acabar con la impunidad" del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, después de que un juez estadounidense haya admitido la demanda de un grupo de víctimas de la masacre de 2003 en El Alto y La Paz.
"Esperamos, de una vez, que se acabe esta impunidad al delito con la que se estaba desenvolviendo el sistema judicial norteamericano respecto a nuestra demanda de extradición del señor Sánchez de Lozada", ha dicho García Linera.
El Gobierno de Evo Morales solicitó en 2012 a Estados Unidos la extradición de Sánchez de Lozada y del ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Beltraín por la supuesta comisión de los delitos de genocidio y peculado, obteniendo una respuesta negativa.
Sin embargo, ayer el juez federal de Florido James Cohn dio un paso importante para acabar con este 'impasse' al admitir la demanda presentada el pasado 24 de junio por nueve familiares de víctimas de la masacre de El Alto y La Paz.
Los demandantes sostienen que el Gobierno tenía un plan para matar civiles de forma sistemática, que incluía ejecuciones y falta de asistencia médica a los heridos, entre los que había niños, según ha informado la agencia de noticias ABI.
Cohn ha considerado que "sería absurdo concluir" que los demandados pudieran evitar la responsabilidad por sus presuntos delitos simplemente porque el Gobierno boliviano dio algún tipo de ayuda humanitaria a los demandantes.
No obstante, el juez estadounidense ha reconocido que, "a menos que los acusados sean extraditados o voluntariamente regresen a su tierra natal, Bolivia, no tendrán ninguna oportunidad significativa para corregir sus presuntas violaciones de Derechos Humanos".
Los hechos se remontan a octubre de 2003, cuando el Gobierno de Sánchez de Lozada reprimió brutalmente a las miles de personas que se manifestaron en las ciudades de El Alto y La Paz contra la exportación de gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos. Al menos 67 personas murieron y 500 resultaron heridas.
Debido a la convulsión social, Sánchez de Lozada presentó su dimisión y huyó a Estados Unidos, donde permanece desde entonces, según denuncia Bolivia, protegido por las autoridades del país norteamericano.