LA PAZ, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El director del Observatorio de Derechos Humanos de Bolivia, Guillermo Vilela, planteó ayer recurrir a organismos internacionales para evitar que la masacre de octubre del 2003 quede en la impunidad.
"Desde el inicio del proceso, la justicia boliviana protegió a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, con una serie de chicanerías jurídicas", apuntó el activista de derechos humanos.
Además, respaldó al abogado Rogelio Mayta, al Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades y a los familiares de los caídos por la defensa del gas en la masacre de octubre, que denunciaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, por abrir la posibilidad de la prescripción del proceso con su decisión de notificar la acusación a los imputados en Estados Unidos.
"A cinco años de la masacre de octubre cuando fallecieron 65 personas y más de 400 resultaron heridas, la justicia del país no coadyuvó en nada para acelerar el juicio", apuntó Vilela. Expresó que este no es un problema que compete solo a los familiares, sino es nacional y se requiere que los organismos internacionales conozcan las maniobras que realiza la justicia para dilatar el proceso con la intención de que el caso quede en la impunidad.
Por último, dijo estar de acuerdo que la notificación de la acusación se haga en el país a través de los defensores de oficio que tienen los imputados ocultos en Estados Unidos, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.