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LA PAZ, 28 Mar. (Notimérica/EP) -
El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Dennis Racicot, le ha pedido al Gobierno que aclare las denuncias de extorsión que pesan sobre el exfiscal del llamado 'caso terrorismo' Marcelo Soza, quien se refugió en Brasil para evitar a la Justicia boliviana.
Racicot ha señalado la necesidad de saber si Soza, en el cumplimiento de sus funciones como servidor público, se sirvió, aprovechando su posición, de la extorsión para enriquecerse, de acuerdo con la información facilitada por el diario boliviano 'La Razón'.
"En su momento sería importante para Bolivia que se sepa a través de los casos judiciales que se han abierto la verdad judicial en cuanto a la labor de Soza", ha expresado el representante de la ONU, quien no ha querido entrar a valorar la huida del exfiscal a Brasil, pues, ha explicado, no entra en sus competencias.
'CASO TERRORISMO'
El conocido popularmente como 'caso terrorismo' es una supuesta trama de algunos sectores de la oposición para derrocar y asesinar al presidente boliviano, Evo Morales, así como para dividir en dos el territorio del país andino.
El 16 de abril de 2009, la Policía abatió en un hotel de la ciudad de Santa Cruz a tres personas de diversas nacionalidades, uno de ellos de origen boliviano, y detuvo a otras dos por su supuesta implicación en un intento de magnicidio auspiciado por un grupo de empresarios y políticos autonomistas de esta pudiente región.
Han pasado cinco años desde entonces y el proceso judicial, lejos de solucionarse, ha ido complicándose con el paso del tiempo. Actualmente, el caso cuenta con 39 acusados y ha experimentado dos cambios de tribunal y el encarcelamiento de tres abogados del Estado por supuesta corrupción.
HUIDA DE SOZA
Uno de los supuestos implicados es Soza, que renunció a llevar el 'caso terrorismo' como fiscal porque, según ha denunciado recientemente a través de una carta, el Gobierno le pidió "que realizara acciones de investigación que vulneraban derechos" y "que incluyera a líderes cruceños contra los que no había pruebas".
Tras su salida de la causa judicial, las autoridades bolivianas acusaron a Soza de extorsionar a los testigos del caso para que implicaran en este supuesto entramado terrorista a líderes políticos y sociales de Santa Cruz.
En este contexto, el que fuera representante del Ministerio Público boliviano huyó el pasado 11 de marzo a Brasil y solicitó asilo al Gobierno de Dilma Rousseff, alegando que es víctima de "una persecución política".
El Gobierno de Morales, que ha calificado a Soza de "delincuente confeso", ha emitido una orden de captura en su contra. Sin embargo, Brasil ha aclarado que no podrá ejecutarla, ni extraditar al exfiscal, porque le ha concedido un refugio condicional de 180 días.