El Ministerio de Exteriores brasileño advierte de que está estudiando la "adopción de medidas", como "el principio de reciprocidad"
MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio brasileño de Asuntos Exteriores convocó al embajador español en Brasilia, Ricardo Peidró, para manifestarle la "disconformidad" de su Gobierno después de que las autoridades impidieran esta semana la entrada en España de un grupo de 30 brasileños, entre los que se encontraban estudiantes que tenían previsto asistir a un congreso en Portugal. Además, agentes de la Policía Federal brasileña impidieron ayer la entrada en el país a ocho españoles, cinco hombres y tres mujeres, informó el diario 'O Globo'.
El embajador español se reunió ayer con el secretario general de Asuntos Exteriores, Samuel Pinheiros, al frente de la diplomacia en funciones dado que el ministro Celso Amorim se encuentra en República Dominicana, asistiendo a la Cumbre del Grupo de Río. Según informó el Ministerio en un comunicado, Pinheiros transmitió al embajador español que "las medidas recientemente adoptadas por las autoridades de inmigración de España son incompatibles con el buen nivel de relación entre los dos países".
Además, advierte de que el Ministerio "está examinando la adopción de medidas apropiadas en respuesta a lo ocurrido, teniendo en cuenta, incluso, el principio de reciprocidad".
Mientras tanto, el embajador brasileño en Madrid, José Viegas Filho, también hizo llegar al ministro español, Miguel Ángel Moratinos, "la insatisfacción del ministro Celso Amorim con respecto al tema". Además, el Ministerio recuerda que "hace pocas semanas" Amorim "había manifestado al ministro español la insatisfacción del Gobierno brasileño con la repetición de tales medidas restrictivas y subrayado la importancia de que se conceda trato digno y adecuado a los ciudadanos brasileños que entran en España".
Por su parte, según 'O Globo', el embajador explicó que los brasileños a los que se impidió la entrada no cumplían las exigencias para entrar en el país y descartó que hubieran sido objeto de discriminación.
Mientras tanto, anoche las autoridades brasileñas impidieron la entrada al país a ocho españoles, cinco hombres y tres mujeres con una media de 26 años, que llegaron a Salvador de Bahía. El delegado de la Policía Federal Francisco Miguel Goncalves, explicó hoy al periódico 'O Folha' que la expulsión se produjo por respeto a la ley y no en respuesta a las deportaciones efectuadas desde España.
"No es represalia. Es un trabajo de rutina que pretende impedir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas sintéticas y que fue intensificado la semana pasada", explicó el delegado, que aseguró que los españoles no consiguieron comprobar tener medios para subsistir en Brasil ni lugar donde hospedarse, como exige la ley.
DENEGACIÓN DE ENTRADA A 30 BRASILEÑOS.
La reacción del Gobierno brasileño y la denegación de entrada los ocho españoles se produjeron después de que el miércoles las autoridades españolas impidieran la entrada en España a un grupo de 30 brasileños, entre los que había estudiantes brasileños que hacían escala en Barajas camino a Lisboa, donde iban a participar en un congreso de ciencias sociales.
Entre ellos se encontraba la estudiante Patricia Rángel, de 23 años, quien tenía que haber defendido en el congreso una investigación realizada en sus estudios de postgrado sobre la discriminación contra las mujeres. Otro joven, Pedro Lima, de 25 años, debía presentar un trabajo sobre la democracia. Según 'O Globo', Lima aseguró que sufrieron "trato discriminatorio" y fueron "llamados 'perros' por un policía'".
Según datos de la embajada de Brasil en España, recogidos por el diario 'O Folha', el número de brasileños a los que se les ha impedido la entrada en el aeropuerto de Barajas se ha multiplicado por más de 20 en un año medio. Sólo en febrero de este año, se impidió la entrada a un total de 452 brasileños, agrega.
El principio de reciprocidad apuntado por el Ministerio de Asuntos Exteriores ya fue adoptado por Brasil en 2004, en respuesta a las restricciones de entrada de las autoridades de Estados Unidos. De esta manera, un juez federal determinó que todos los estadounidenses que entrasen en el país deberían ser fotografiados y fichados.