RIO DE JANEIRO, 8 Ago. (Reuters/EP) -
Militares brasileños retirados acusaron el jueves a ministros de Gobierno de tener vínculos con el terrorismo y presentaron una lista de sus crímenes, reaccionando ante el renovado debate acerca de si los torturadores de la dictadura militar deben ser enjuiciados.
A diferencia de otros países del área, tales como Argentina y Chile, Brasil nunca enjuició a alguien por los asesinatos y por las extendidas torturas cometidas contra los disidentes durante la dictadura, que duró desde 1964 hasta 1985.
Pero el ministro de Justicia, Tarso Genro, mencionó el mes pasado la posibilidad de que los torturadores pudieran ser llevados a juicio, diciendo que sus crímenes no eran políticos y por tanto no estaban amparados por la ley de amnistía brasileña de 1979.
Rodeados por pinturas de grandes escenas marciales en el club militar de Río, cientos de encanecidos ex oficiales -que deben tener pánico de acusaciones al estilo de las de Argentina- oyeron las denuncias denunciando al Gobierno.
"Esto es parte de una revancha organizada que comenzó tras 1979 en nuestro país. Aquellos que quieren vengarse todavía tienen sueños de un socialismo del proletariado. Están demonizando a las fuerzas armadas", afirmó Coutinho.
Coutinho, junto a otros oficiales, enumeraron explosiones y secuestros llevados a cabo por oponentes izquierdistas del régimen militar, algunos de ellos actuales funcionarios del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, un antiguo dirigente sindical.
El propio ministro Genro tuvo vínculos militantes entre las décadas de 1960 y 1970 a través del Partido Comunista de Brasil, explicó el otrora jefe de espías del ejército.
El año pasado el Gobierno publicó un informe de 500 páginas como resultado de una investigación de 11 años para determinar el destino de los oponentes a la dictadura militar. Sin embargo, poco ha hecho para impulsar las demandas realizadas por los grupos de víctimas.
José Miguel Vivanco, jefe del programa para América de la organización Human Rights Watch en Washington, dijo que lo ocurrido el jueves revelaba que tan atrasado estaba Brasil con respecto de sus vecinos en reparar su pasado.
"El motivo por el que pueden hacer esto en Brasil es que los militares han sido intocables todos estos años y no han sido obligados a (...) producir una disculpa por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura", agregó.
LARGA BATALLA POR LAS VICTIMAS
Genro aclaró que sólo aquellos que cometieron las torturas en vez de aquellos que las ordenaron debirían ser castigados, pero sus comentarios aún así irritaron a los militares, que duramente se han resistido a cualquier intento de reabrir el pasado.
La ley de 1979 indica que la amnistía cubre "crímenes relacionados con política o relacionados con una motivación política". La cláusula ha sido interpretada como que ni los militares o sus oponentes, que algunas veces utilizaron medios violentos, pueden ser enjuiciados.
"Los secuestros y ataques están todos registrados, pero no así la tortura, demostrando que es más difícil, por lo que el otro lado tiene mucho más que perder", comentó el ex general Gilberto Figueiredo, presidente del Club Militar.
Cientos de disidentes políticos fueron muertos o desaparecidos durante el régimen, contra los miles que sufrieron el mismo destino en Argentina, pero la tortura fue ampliamente utilizada. El uso de choques eléctricos, químicos y abusos sexuales ha sido documentado.