SANTIAGO, 18 Jul. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
Un acuerdo político alcanzado recientemente en el Parlamento chileno, que incluye al bloque gubernamental de centro izquierda y a la oposición de derecha, acerca a este país sudamericano al reconocimiento del Tribunal Penal Internacional (TPI), el primer tribunal permanente para juzgar crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad.
El TPI se creó por medio del Tratado de Roma, que Chile suscribió el 11 de septiembre de 1998 y que la Cámara de Diputados ratificó en 2002, aunque quedó pendiente en el Senado, donde se espera su ratificación.
Chile es el único país latinoamericano que, habiendo suscrito el Tratado, aún no lo ha ratificado, y la derecha argumenta que la Justicia chilena no tiene tipificados delitos de lesa humanidad, por lo tanto la participación en esta instancia pasaría a las propias leyes del país.
No obstante, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno han alcanzado un acuerdo que permitiría que Chile aprobara el TPI.
Así lo anunciaron los senadores Jaime Gazmuri (socialista) y Sergio Romero (de la derecha opositora) --presidente e integrante de la instancia, respectivamente--, quienes destacaron la importancia de que previamente la Comisión de Constitución avance en la modificación del Código Penal para tipificar los delitos que establece el Tratado de Roma y que son: genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El senador Jaime Gazmuri señaló que acordaron "hacer un tratamiento en conjunto y paralelo de esta convención de la ONU con la ratificación de Chile al Tratado Penal Internacional, que tiene un rango mayor que la Convención y que no ha sido aprobada por Chile porque no hemos sido capaces hasta ahora de construir un acuerdo político sustantivo en el Congreso Nacional".
Gazmuri explicó que "en el Senado la oposición ha tenido mucha reticencia afirmar el denominado Tratado de Roma, que es importante para el desarrollo del Derecho humanitario en el mundo y establece efectivamente un tribunal que tenga jurisdicción universal respecto de los crímenes de lesa humanidad siempre y cuando en los países no haya condiciones de establecer esos juicios penales".
Por estas razones, precisó que "el acuerdo que estamos construyendo con la oposición es hacer las reformas necesarias a nuestro Código Penal y una eventual reforma constitucional para establecer en la legislación penal chilena los delitos de crímenes contra la humanidad que están tipificados en el documento que da origen al Tribunal Penal Internacional, ya que ésta es una de las obligaciones que los países asumen cuando ratifican el tratado".
El senador Gazmuri indicó que "lo que estamos haciendo es hacer este proceso en paralelo y por estas razones, el Gobierno está trabajando con un grupo de destacados penalistas para preparar las respectivas reformas al Código Penal y vamos a proponer a la Comisión de Constitución que se aboque al estudio de las reformas penales y constitucionales".
Asimismo, el legislador propuso que "tanto el Convenio contra la desaparición forzada de personas y la ratificación del Tratado de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI) sean vistos en Comisiones Unidas de Constitución y Relaciones Exteriores. "Nos hemos puesto como horizonte de plazo despachar ambos instrumentos este año", añadió.
El parlamentario se mostró satisfecho con este acuerdo al que llegó la Comisión de Relaciones Exteriores, porque "eso nos va a permitir ponernos al día en materia de legislación de última generación de Derecho humanitario".
Por su parte, el senador Sergio Romero aclaró que "la iniciativa para destrabar el tema del Tribunal Penal Internacional surgió hace varias semanas cuando le expusimos al ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, cuál era nuestra posición una vez que se confirmó que se habían destrabado las restricciones de armamentos para quienes firmaran el Tratado derivado del acuerdo de Roma".