SANTIAGO, 26 Nov. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
El Gobierno chileno y la derecha opositora firmaron hoy un acuerdo sobre seguridad ciudadana, después de que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, lograra el apoyo de sus adversarios políticos, el segundo en menos de un mes, tras el acuerdo que reformará la ley de educación que se firmó hace dos semanas.
El Acuerdo Nacional sobre Seguridad Pública fue consensuado entre el Gobierno, el oficialismo de centro-izquierda y la oposición, a través de una comisión tripartita de seguridad ciudadana a la que convocó Bachelet como parte del cumplimiento de sus compromisos presidenciales.
La gobernante dijo que "con reformas como ésta se da un ejemplo al país" y aseguró que acuerdos como el suscrito este lunes "honra a la política y muestra la capacidad de las fuerzas políticas de ponerse de acuerdo frente a los temas más importantes".
El acuerdo firmado hoy en La Moneda, que consta de nueve puntos, contempla una serie de medidas institucionales, legislativas y operativas, con plazos definidos, que se orientan a mejorar y reforzar todas las materias vinculadas con la seguridad ciudadana.
Tras la aprobación de esta iniciativa en el Parlamento, el Ministerio del Interior pasará a ser también de Seguridad Pública y será el encargado del orden público y la prevención del delito, traspasando hacia él la dependencia de la policía militarizada (Carabineros) y la civil (de Investigaciones), las que hasta hoy dependen del Ministerio de Defensa.
También se consagra el derecho constitucional a una defensa penal para las víctimas. Para ello existirá un organismo especial para llevar a cabo dicha defensa. Asimismo, se aumentarán los recursos para las unidades de protección de víctimas y testigos.
En materia de agenda legislativa, se acordó que ésta abordará, modificará y endurecerá sanciones en temas como: el comercio ilegal, el orden público y el control de armas, además de ampliar y perfeccionar las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, para hacerlas más eficaces. Junto con ello, se enviará al Congreso un proyecto de ley que permita mejorar y fortalecer el Servicio Nacional de Menores.
En materia de prevención, se creará un servicio público especializado en la prevención del consumo de drogas y alcohol. Asimismo, se propondrá la creación de un beneficio tributario para las donaciones destinadas a corporaciones o fundaciones que se dediquen a la prevención y rehabilitación. Junto a lo anterior, se impulsarán programas efectivos de prevención, rehabilitación y reinserción social, centrados en los lugares que más lo requieran.
Por otra parte, en lo que respecta a control ciudadano, el Gobierno realizará una cuenta semestral del avance de sus políticas de seguridad ciudadana, en cuanto a objetivos, metas, rendición de gastos y beneficiarios, que será entregado en forma pública y también a las respectivas cámaras del Parlamento.