SANTIAGO, 23 Abr. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
Más de 20.000 chilenas y chilenos marcharon anoche por las calles de Santiago para expresar su rechazo al fallo del Tribunal Constitucional que la semana pasada prohibió la distribución de la píldora del día después en el sistema público de sanidad.
Los manifestantes, que marcharon de manera pacífica, lo que no hizo necesaria la intervención de la policía, caminaron por la principal avenida de Santiago, la Alameda Bernardo O'Higgins, portando pancartas y gritando consignas contra la prohibición.
El fallo ha sido respaldado por la Iglesia Católica, pero rechazado por el Colegio Médico, agrupaciones sociales, partidos políticos del oficialismo de centro izquierda, universitarios, entidades estudiantiles, gremios y organizaciones no gubernamentales.
Los manifestantes pasaron frente al Palacio de La Moneda y, frente a la sede del Poder Ejecutivo, participaron animadamente en un espectáculo artístico-cultural, apoyando con música y bailes la entrega gratuita de la polémica píldora.
"Se siente, se siente, Chile está caliente", "Por la libertad de decidir, píldora para todas", "Inquisición, hipocresía ¿Y qué más?" eran algunas de las consignas que gritaban los manifestantes durante la manifestación.
Tras la presentación de un grupo de legisladores de la oposición, y con el apoyo de organizaciones contrarias al aborto, que en Chile está penalizado, el Constitucional cerró la puerta a una política pública de sanidad dl Gobierno de Michelle Bachelet.
La iniciativa busca prevenir el embarazo adolescente y los abortos y además permitía la entrega gratuita del medicamento en los consultorios y hospitales de la red estatal, que son los organismos que atienden a la población en situación de pobreza.
La Moneda, que acatará el fallo, ha calificado la medida como un atentado a la igualdad de género, la equidad y la justicia social que promueve Bachelet y ha reconocido que explora iniciativas legales que permitan distribuir el fármaco por otras vías.
Además, municipios gobernados por el oficialismo, así como el Colegio Médico y de Matronas, han señalado en varias ocasiones que seguirán prescribiendo la píldora, a pesar del fallo, que es definitivo e inapelable.