SANTIAGO, 7 Nov. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
El Gobierno chileno precisó hoy que no apoyará un proyecto de ley que busca indultar a militares condenados por violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura.
El ministro del Interior, Belisario Velasco, dijo este miércoles que nunca el poder Ejecutivo ha patrocinado iniciativas de este tipo, con lo que dejó claro que los indultos que han beneficiados a exintegrantes de grupos subversivos que combatieron a la dictadurasurgieron a raíz de iniciativas parlamentarias y no desde La Moneda.
El Gobierno hizo estos alcances en medio de la polémica generada por el asesinato de un policía hace tres semanas en un asalto a un banco, crimen que fue cometido, según las investigaciones policiales, por ex integrantes de grupos armados que fueron beneficiados en 2004 con una medida humanitaria luego de cumplir 10 años de cárcel. En ese tiempo, el presidente era Ricardo Lagos y la actual Mandataria, Michelle Bachelet, era ministra de Defensa.
Respecto del proyecto que busca indultar a los ex militares, el jefe del gabinete del gobierno de Michelle Bachelet señaló que se trata de una iniciativa legal "originada en el Congreso, en el Senado para ser más preciso, y (que fue) presentada en septiembre de 2005. No ha sido consultada con el Ejecutivo".
Tras el descubrimiento de que ex integrantes de grupos que combatieron contra la dictadura participaron en el crimen del policía, la propia presidenta Bachelet precisó que "se trata de delincuentes" e hizo un llamamiento a no confundir las cosas.
Este miércoles, Velasco dijo que "diversos organismos internacionales, la ONU y la Corte Internacional de Derechos Humanos, se han pronunciado en el sentido de que los Estados deben perseguir el cumplimiento de las sanciones a este tipo de violaciones que son inaceptables. Por tanto, creemos que no es una iniciativa que pueda apoyar el gobierno".
El ministro del Interior dijo que los parlamentarios que, en 2004,aprobaron la moción de indultar a los ex combatientes "actuaron todosde buena fe" y reconoció que se está revisando la situación de losbeneficiados, pues su compromiso para acceder al beneficio fue nuncamás incurrir en un delito.