SANTIAGO, 13 Sep. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
El Gobierno de Perú envió a Chile un segundo pedido de extradición contra el ex presidente Alberto Fujimori, según una resolución suprema publicada por el diario oficial 'El Peruano'.
"Se resuelve acceder al pedido de extradición activa del procesado Alberto Fujimori por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, alevosía y explosión en agravio de Juan Bardales Rengifo y Otros y disponer su presentación por vía diplomática al Gobierno de Chile", indica la resolución.
La prensa peruana indica que se trata del caso de uno de los 42 reos que murió en 1992 durante una acción represiva llevada a cabo en una cárcel por "agentes del Estado".
Fujimori, de 69 años, está a la espera de una resolución final e inapelable del Tribunal Supremo chileno por el primer pedido de extradición enviado por Perú.
El ex presidente está en Chile desde noviembre de 2005 y se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de la sentencia, la que será conocida sólo después del 20 de septiembre, según informó el propio tribunal.
En julio pasado, el juez Orlando Álvarez rechazó la extradiciómn por falta de pruebas que demuestren que Fujimori es responsable de los 10 delitos de violaciones a los derechos humanos y dos de corrupción por los cuales Perú ha pedido su extradición.
CIDH
En tanto, en declaraciones reproducidas por el portal de noticias Perú.com, el delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Víctor Abramovich, dijo que Chile deberá juzgar a Fujimori si el Supremo rechaza el petitorio.
Abramovich aseguró que Fujimori "o se extradita o se juzga", según lo que indican las convenciones internacionales sobre derechos humanos, ya que "la idea es evitar que crímenes graves, de lesa humanidad, queden en la impunidad".
"Si el Estado no colabora, en el sentido de que no extraditan, ahí no terminan sus responsabilidades. Su responsabilidad es juzgar esos crímenes, porque el principio es que no haya impunidad", según el directivo del CIDH.