SANTIAGO DE CHILE, 5 Dic. (EP/AP) -
Un tribunal chileno autorizó hoy que la Policía de prisiones haga lo necesario para mantener la buena salud de cinco mapuches y otra mujer que llevan 54 días en huelga de hambre, para exigir que se les considere "presos políticos".
El Tribunal de Apelaciones de Temuco, a unos 667 kilómetros al sur de esta capital, acogió una petición de la Gendarmería "para que se ordene el cese de las amenazas y perturbaciones que actualmente está siendo objeto el derecho a la vida e integridad física de los protegidos", señala el recurso.
HUELGUISTAS
Los huelguistas han bajado entre 13 y 20 kilos de peso durante el ayuno que desarrollan en la cárcel de Angol, a 570 kilómetros al sur de Santiago, según el informe médico entregado a la justicia por Gendarmería, la Policía de prisiones.
El tribunal dictaminó que se debe hacer "todo lo necesario con el objetivo de mantener el buen estado de salud de los internos por los que se recurre y éstos deberán acceder a la atención y atenerse a las prescripciones y tratamientos médicos que correspondan", incluso su traslado a un centro hospitalario en caso de emergencia, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Los huelguistas exigen que todos los indígenas presos por supuesta infracción a la Ley Antiterrorista, legada por la pasada dictadura militar, sean tratados como "presos políticos", la revisión de sus procesos judiciales y el fin del "hostigamiento policial" a las comunas mapuches.
Jai Marileo, José Huenchunao, José Millalén, Héctor Lientur y Patricia Troncoso fueron condenados en agosto del 2003 a 10 años de cárcel por incendiar una finca y a pagar una multa de unos 800.000 dólares. El sexto huelguista es Héctor Llaitul y se encuentra en prisión preventiva. Troncoso y Marileo realizaron una huelga de hambre de 63 días el 2006.
REACCIONES
El Gobierno de la presidenta, Michelle Bachelet, considera que no son presos políticos perseguidos por sus ideas o por ser mapuches sino personas que cometieron actos ilícitos, como incendiar casas y vehículos. El jubilado juez Juan Guzmán, conocido por ser el primero en procesar a Pinochet, pidió al Gobierno que designe un mediador para solucionar el problema.
"La lucha de los mapuches es política y de hecho, como se hizo durante la dictadura, se les fabrican delitos para criminalizarlos (...), ellos persiguen el cumplimiento de las promesas hechas por presidentes anteriores, el reconocimiento por el Estado de los derechos que les son inherentes y su igualdad dentro de la diversidad que les es propia", escribió Guzmán en una columna del estatal diario 'La Nación'.
Los mapuches son el principal grupo indígena de Chile y luchan la devolución de territorios que les fueron arrebatados por los conquistadores españoles.