MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de aproximadamente 50 personas se concentró esta tarde frente a la Embajada de Colombia en Madrid para reclamar responsabilidad al Gobierno colombiano y a su presidente, Álvaro Uribe, ante la muerte y/o la desaparición de sindicalistas de este país, así como el cese de la impunidad en estos hechos.
La concentración fue convocada por las organizaciones sindicales y sociales de Madrid como Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Asipazcol o la Asociación Entreiguales, entre otras y la encabezó una pancarta con el lema 'Por la paz, la vida y la libertad sindical en Colombia', apoyando así a la marcha que comenzó el pasado 10 de junio en Cali y cuyo fin se preveía para hoy.
César Carrillo, miembro de la Asamblea Internacional por la Paz de Colombia, acusó a Uribe de no hacer "ningún esfuerzo para proteger las vidas de los sindicalistas", y subrayó que "Colombia es el país donde mueren más sindicalistas en todo el mundo" en un discurso dirigido a los manifestantes.
Los asistentes corearon consignas reclamando información sobre los desaparecidos antes de que Olger Santodomingo, también de la Asamblea Internacional por la Paz de Colombia, leyera una carta en la que denunció que desde que Uribe llegó al Gobierno en 2002, 580 sindicalistas han sido asesinados, y otros muchos han sido amenazados, desterrados o desaparecidos y señaló que "la cifra de los sindicalistas asesinados ha sido comprobada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Amnistía Internacional (AI) y Naciones Unidas".
La misiva, que dirigirán a Uribe, al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero y al Parlamento Europeo, añade que el Gobierno de Colombia "ha carecido de voluntad política (...), en 15 años la impunidad bordea el 90 por ciento sobre más de 2.500 sindicalistas asesinados" ya que, según esta carta, "Colombia ha firmado y se ha comprometido a cumplir los convenios internacionales sobre libertad sindical que viola repetidamente".
El texto concluye con la petición al Gobierno de Colombia de que "cumpla los acuerdos y normas internacionales sobre libertad y derechos sindicales, que garantice la vida de los sindicalistas y que se acabe la impunidad".