LONDRES, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Amnistía Internacional instó hoy al Gobierno colombiano y a los grupos armados implicados en el conflicto interno a que respeten el derecho de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a regresar sin peligro a sus hogares, tres años después de que la masacre del 21 de febrero de 2005 obligó a algunos de ellos a abandonar sus tierras.
"Gente de toda Colombia se está viendo metida a la fuerza en un conflicto que ha causado la muerte o la desaparición forzada de decenas de miles de civiles y ha obligado a desplazarse a millones más. El Gobierno debe garantizar que se protege el derecho de la población civil a no verse implicada en este conflicto mortal", según Susan Lee, directora del Programa para América de AI.
"Nos preocupa enormemente la seguridad de los hombres, mujeres, niños y niñas que regresan a Mulatos en especial porque, precisamente cuando la comunidad ha intentado en el pasado reasentarse en parcelas de tierra abandonadas, ha sido víctima de abusos", añadió la representante de Amnistía Internacional.
La vereda de Mulatos forma parte de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia. En los últimos diez años, esta comunidad ha instado a todos los combatientes a respetar su derecho a no verse arrastrada al conflicto. Desde su creación en 1997, más de 160 de sus miembros han muerto o han sido víctimas de desaparición forzada, la mayoría a manos de paramilitares respaldados por el Ejército y las fuerzas de seguridad y también de la guerrilla.
El 21 de febrero de 2005, ocho miembros de la Comunidad de Paz -entre ellos uno de sus dirigentes más destacados, Luis Eduardo Guerra, tres menores de 2, 6 y 11 años y una joven de 17- fueron asesinados y sus cadáveres mutilados. Algunos de los homicidios tuvieron lugar en la zona de Mulatos.
Pese a los esfuerzos de las autoridades colombianas por atribuir la masacre a la guerrilla, las investigaciones judiciales sugieren que estos homicidios fueron obra de las fuerzas de seguridad en coordinación con los paramilitares.
"Aunque los aparentes avances en las investigaciones sobre la masacre de 2005 son motivo de satisfacción, resulta increíblemente decepcionante que apenas se haya progresado en la investigación sobre la posible responsabilidad de la cadena de mando en este caso, ni en las investigaciones de la inmensa mayoría de los más de 160 homicidios cometidos contra la Comunidad de Paz", indicó Lee.
Pese a la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, Amnistía Internacional sigue recibiendo información sobre una actividad paramilitar constante en la zona de San José de Apartadó, así como informes sobre violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, a menudo en connivencia con paramilitares.
El 23 de diciembre de 2007, María Margarita Giraldo Usuga, miembro de la Comunidad de Paz, fue secuestrada, según los informes, por miembros del Ejército en Arenas Bajas. Más tarde el ejército la mató y la presentó como una guerrillera muerta en combate. Según los informes, su cadáver presentaba señales de tortura.
El pasado 6 de enero, miembros del Ejército amenazaron, según los informes, con matar a los familiares de Margarita si no admitían públicamente que ésta era una guerrillera. Al negarse los familiares, el ejército, según indican los informes, les dijo que abandonaran la zona o las fuerzas paramilitares los matarían.
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, como la Corte Constitucional de Colombia han pedido a las autoridades que garanticen la seguridad de la Comunidad de Paz y hagan mayores esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de los ataques contra ella. Sin embargo, las autoridades colombianas no parecen haber hecho gran cosa para cumplir con estas peticiones