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BOGOTÁ, 24 Abr. (Notimérica/EP) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seguirá el caso de la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a pesar de que ya ha sido restituido en el cargo, ya que se trata solamente de una medida cautelar.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, ha explicado que la suspensión de la ejecución del fallo de la Procuraduría contra Petro forma parte de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Si bien, el caso del jefe del Gobierno capitalino se ha tramitado también por el Sistema de Peticiones, lo que supone que la CIDH podría llegar a pronunciarse sobre el fondo del asunto y a formular recomendaciones al Estado colombiano.
Además, Álvarez Icaza ha valorado la decisión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de "acatar las obligaciones internacionales de Colombia" y devolver a Petro a la Alcaldía de Bogotá, de acuerdo con Caracol Radio.
Petro volvió al cargo ayer, después de que Santos firmara el decreto correspondiente en cumplimiento del fallo emitido el pasado martes por el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó acatar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Santos también podría haber optado por presentar un recurso contra la decisión del alto tribunal bogotano, pero desde que se inició el proceso contra Petro ha sostenido que siempre cumpliría las órdenes de los jueces.
La orden del Tribunal Superior de Bogotá es una de las más de 40 tutelas interpuestas en apoyo de Petro, de las cuales 32 han sido favorables a la decisión inicial de la Presidencia: expulsar al ex combatiente de la Alcaldía.
La Procuraduría General ya ha anunciado que este jueves presentará un recurso ante la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que fue quien emitió el fallo, para impugnar la restitución de Petro.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como a los órganos jurisdiccionales encargados de dirimir las solicitudes de tutela a favor de Petro.
En este contexto, el presidente colombiano se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la CIDH para que dictara medidas cautelares --algo que hizo 'in extremis'-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
El Consejo de Estado confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.
Con Petro fuera de la Alcaldía de Bogotá, Santos puso al frente de la misma a su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que fue sustituido el pasado lunes por María Mercedes Maldonado, que ya formaba parte del equipo del ex guerrillero del M19.