BOGOTÁ, 27 Ago. (Reuters/EP) -
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió ayer de que no permitirá que haya impunidad en los procesos que realiza la justicia de Colombia contra integrantes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha, responsables de crímenes de lesa humanidad.
El fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo hizo el anuncio durante una visita a una región del noroeste de Colombia en donde presenció una exhumación de cadáveres de víctimas presuntamente ejecutadas por paramilitares en medio de su confrontación contra la guerrilla izquierdista.
"En la medida en que Colombia haga justicia, no estará interviniendo la Fiscalía (CPI), la Fiscalía es una herramienta de 'reaseguro' que no va haber impunidad en Colombia, ese es nuestro rol, reasegurar, y si el Gobierno no puede nosotros vamos a hacerlo", declaró el jurista. El Gobierno de Colombia y los paramilitares de ultraderecha, acusados de masacrar a miles de civiles y de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno, iniciaron una negociación de paz a mediados de 2003.
PROCESO DE PAZ
El proceso permitió que más de 31.000 combatientes paramilitares depusieran las armas y se desmovilizaran, mientras que los comandantes de esos escuadrones fueron encarcelados para recibir una sentencia de entre 5 y 8 años por delitos como asesinatos, masacres, secuestros y narcotráfico.
Pero los principales comandantes paramilitares fueron extraditados por el Gobierno del presidente Alvaro Uribe en mayo, acusados de haber incumplido los acuerdos del proceso de paz y de presuntamente continuar vinculados a actividades delictivas como narcotráfico. Grupos de derechos humanos sostienen que pese a la desmovilización de los combatientes paramilitares, sus antiguos comandantes no han cumplido con el compromiso de confesar sus crímenes, indemnizar a los familiares de sus víctimas y recibir un castigo.
Por su parte el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón planteó la posibilidad de que los paramilitares extraditados por Colombia a Estados Unidos regresen al país para que confiesen sus crímenes e indemnicen a las víctimas, para evitar la intervención de la CPI.
"Las extradiciones de los principales responsables de las Autodefensas Unidas (paramilitares) puede ser un obstáculo insalvable para la aplicación de justicia y paz y eso haría necesaria la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", dijo Garzón.
Familiares de las víctimas de los escuadrones de ultraderecha sostienen que la decisión del Gobierno de entregarlos a Estados Unidos para que respondan por cargos de narcotráfico impidió que conocieran la verdad de lo que sucedió son sus seres queridos, desaparecidos y asesinados por esos grupos armados ilegales en medio del conflicto interno.