Publicado 30/04/2014 19:18

Embargan las cuentas bancarias de Petro por el caso de TransMilenio

Gustavo Petro
REUTERS


BOGOTÁ, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Contraloría de Bogotá ha embargado las cuentas bancarias del alcalde capitalino, Gustavo Petro, por el proceso judicial abierto contra el ex guerrillero del M19 por su supuesta responsabilidad fiscal en los descuentos realizados en las tarifas de TransMilenio (TM).

Además de a Petro, la medida afecta al secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a la ex secretaria de Movilidad Ana Luisa Flechas, ya que también participaron en la decisión de aumentar el precio del transporte público.

"Al alcalde lo embargaron el miércoles de la semana pasada y a mí el viernes", ha revelado hoy Bonilla al diario colombiano 'El Tiempo'. Se desconoce cuándo se congelaron las cuentas bancarias de Flechas, que actualmente está fuera de Colombia.

"La Contraloría ha tomado esta decisión como medida cautelar para que no nos vayamos del país con nuestra plata", ha explicado el secretario de Hacienda, subrayando que "aún no se les ha declarado culpables".

Las autoridades colombianas investigan la posible responsabilidad fiscal de Petro, Bonilla y Flechas, que ascendería a 187.000 millones de pesos (96,5 millones de dólares) por --según el secretario de Hacienda-- "haberle girado al TM los recursos para que funcione".

El origen de las pesquisas es la orden que dieron los tres políticos de poner una tarifa reducida para las llamadas horas valle del TM, con el fin de provocar un descenso de la demanda en las horas pico, lo que ha sido interpretado como un subsidio municipal.

Con ello, Petro suma un nuevo proceso en su contra. Actualmente las autoridades colombianas preparan un referéndum para decidir sobre su continuidad en la Alcaldía de Bogotá, después de que la oposición alegara un incumplimiento de su programa gubernamental.

DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN

El más importante es el que comenzó el pasado 9 de diciembre, cuando el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.

La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.

Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como a los órganos jurisdiccionales encargados de dirimir las solicitudes de tutela a favor de Petro.

En este contexto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral.

Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la CIDH para que dictara medidas cautelares --algo que hizo 'in extremis'-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.

El Consejo de Estado confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.

Con Petro fuera de la Alcaldía de Bogotá, Santos puso al frente de la misma a su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que ha sido sustituido por María Mercedes Maldonado, que ya formaba parte del equipo del ex combatiente.