BOGOTÁ, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El respeto a los Derechos Humanos y la seguridad ciudadana mejoraron en Colombia, aunque "sigue habiendo problemas serios" y los grupos guerrilleros continuaron sus violaciones de las libertades, según denunció hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En su informe anual sobre los Derechos Humanos en el mundo, el Departamento estadounidense hizo hincapié en los logros de la Ley colombiana de Justicia y Paz que, a su juicio, "ayudó a esclarecer más de 3.000 crímenes y condujo a la exhumación de fosas comunes", lo que facilitó la identificación de más de 1.000 restos humanos.
Pese a ello, se documentaron una serie de abusos, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y maltrato de los detenidos, el acoso contra los periodistas y el abuso de mujeres y niños, informó la emisora colombiana Caracol Radio
GRUPOS ARMADOS
Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perpetraron asesinatos políticos, secuestros y desapariciones forzosas y el reclutaron soldados niños, entre otras violaciones de los Derechos Humanos.
El informe también detalla las violaciones perpetradas por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuya desmovilización llevó a una reducción en los asesinatos y otros abusos de los derechos humanos.
Sin embargo, apunta el texto, los paramilitares que rechazaron la desmovilización y nuevos grupos delictivos siguieron cometiendo violaciones de los Derechos Humanos, como la violencia física, las amenazas contra representantes del sistema judicial o el acoso y asesinato de sindicalistas, defensores de los Derechos Humanos o periodistas.
GOBIERNO COLOMBIANO
Además, el Gobierno del presidente, Álvaro Uribe, subraya el documento, ha tomado pasos para mejorar la situación en Colombia que mostraron "resultados demostrables". Las estadísticas oficiales muestran que durante 2007 hubo una reducción del 34 por ciento en las matanzas y del 29 por ciento en los secuestros.
Así mismo, cita el informe, las investigaciones del Tribunal Supremo permitieron implicar a 52 congresistas, once gobernadores y 19 alcaldes en las investigaciones sobre los vínculos entre paramilitares y políticos.