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BOGOTÁ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han admitido este viernes que cobraban tributos por los cultivos de drogas, en el marco de las negociaciones con el Gobierno sobre este punto de la agenda del proceso de paz.
"Nos vimos obligados a establecer un régimen de tributación y de regulación a las transacciones (con droga) realizadas por los campesinos, siempre pensando en sus derechos, protegiéndolos frente a abusos de los narcotraficantes", han dicho en un comunicado.
Las FARC han explicado que "en muchos de los territorios campesinos en los que se han desarrollado los cultivos de hoja de coca ha habido presencia de la guerrilla" porque "no teníamos el derecho de volvernos contra la población con miras a prohibirle la única alternativa de que se derivaba su pírrica subsistencia".
El grupo armado ha sostenido que "el campesinado colombiano fue empujado por la dinámica de la acumulación capitalista al cultivo de la hoja de coca". "La imposibilidad de acceder a la tierra por la alta concentración de la propiedad latifundista propició procesos de colonización en todo el territorio nacional", ha recordado.
De esta forma, "decenas de miles de familias de labriegos desposeídos, expropiados y desplazados fueron obligados a ocupar tierras inhóspitas y a adecuarlas para producir el sustento diario, en condiciones no sólo de total abandono estatal, sino sometidos incluso a su continua persecución".
"Frente al creciente consumo de cocaína en Estados Unidos y Europa y el desplazamiento de los cultivos de hoja de coca a Colombia por la guerra contra las drogas en Bolivia y Perú, los campesinos encontraron en la hoja de coca un cultivo que les brindaría la posibilidad de mejorar sus precarias condiciones de vida", ha justificado.
GUERRA CONTRA LAS DROGAS
La FARC han criticado que "las clases dominantes, en lugar de enfrentar las causas estructurales que dieron origen a los cultivos campesinos de hoja de coca usados con fines ilícitos, se allanaron por completo a la estrategia imperialista estadounidense".
"Al tiempo que sectores de ellas se lucraban con sus altísimos rendimientos económicos, encontraron en esa guerra contra las drogas nuevos argumentos para dar continuidad a la estrategia contrainsurgente", han explicado.
En concreto, han denunciado que "promovieron alianzas con el narcotráfico, contribuyeron a la creación de estructuras mafiosas y desarrollando nuevas formas del terrorismo de Estado al participar activamente en la conformación de organizaciones narcoparamilitares".
"Tras décadas de guerra contra las drogas, sus beneficiarios saltan a la vista y no han sido precisamente los campesinos, ni los consumidores, ni las guerrillas revolucionarias", han sostenido, considerando que esta política "ha sido un fracaso".
La guerrilla ha señalado que "la inclusión de este tema en la agenda del proceso de paz es un reconocimiento del fracaso de la política antidrogas y de la necesidad de encontrar una salida que contribuya a poner fin a la profunda injusticia a la que han sido sometidas las comunidades campesinas".
"Las propuestas que presentaremos recogen no sólo las aspiraciones inmediatas del campesinado en esta materia, sino aquellas con las que nos hemos comprometido a lo largo de nuestra lucha", ha explicado, apuntando a "los enfoques de salud pública y las políticas contra el blanqueo de dinero".
"Aspiramos a un país sin coca con usos ilícitos; aspiramos a un país con coca para usos alimenticios, medicinales e industriales, y de reconocimiento pleno y respeto a los usos culturales que nos enseñan nuestras comunidades indígenas ancestrales", ha dicho.
La guerrilla ha defendido que "los cultivos de hoja de coca no son más que otra de las modalidades de la producción agrícola, con raíces ancestrales y culturales indiscutibles". "Lo que los ha hecho ilícitos son los usos capitalistas que los terminaron convirtiendo en cocaína", ha concluido.
DIÁLOGO DE PAZ
Desde el 8 de octubre y el 19 de noviembre de 2012 en Oslo y La Habana, respectivamente, Gobierno y FARC llevan a cabo un diálogo de paz basado en una agenda de seis puntos para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado, en las que han muerto 600.000 personas.
Tras seis meses de intensas negociaciones, finalmente el pasado 26 de mayo las partes pactaron sobre desarrollo agrario y rural, el primer punto de la agenda y el más importante para la guerrilla, ya que sobre él pivota toda su lucha armada.
El segundo acuerdo del proceso de paz llegó el pasado 6 de noviembre, sobre participación política. Los puntos clave son el compromiso para crear un estatuto de la oposición, que establezca sus derechos, deberes y garantías, y una reforma electoral, que incluye circunscripciones transitorias.
Estaba previsto que las negociaciones se reanudaran el pasado 18 de noviembre para tratar el tema de las drogas ilícitas, pero las partes decidieron postergarlas una semana. El diálogo finalmente se reanudó el pasado lunes.