BOGOTÁ, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno colombiano propuso ayer en su reforma del sistema judicial que la Corte Suprema no investigue a más congresistas, y que dicha función recaiga en la Fiscalía. El procurador, a su vez, tampoco podría sancionar disciplinariamente a los legisladores, informó el diario colombiano 'El Tiempo'
Otros de los puntos de la enmienda son que los ex ministros no tendrían que esperar un año para ir a Corte Constitucional, el que la pérdida de investidura podría tener gradualidades, el que los magistrados tendrían períodos de 12 años, el que el Procurador, fiscal y contralor gozarían de término de 4 años con derecho a reelección y que el presidente ternaría al procurador y al fiscal.
Las propuestas del Gobierno están contempladas en el borrador de reforma de justicia que el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, presentó ayer, primero en el Congreso, y luego a los magistrados de las altas cortes en un documento enviado a sus despachos.
Según esta iniciativa, de ser aprobada como está, los congresistas tendrían una primera instancia para los procesos penales en su contra en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
La segunda instancia le correspondería tramitarla y decidirla a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad, por mandato de la Constitución, los congresistas solo tienen una instancia para ser investigados, acusados y juzgados: la Sala Penal de la Corte Suprema. Según algunos juristas, la doble instancia a nivel constitucional, podría significar la caída de todas las investigaciones por parapolítica.
GRADUALIDAD PARA INVESTIDURAS
En el caso de los procesos por pérdida de investidura, el borrador presentado por Valencia, si bien propone que "la primera instancia corresponderá al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y la segunda a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado", en otro aparte plantea que se debe "definir el texto sobre la gradualidad de las sanciones en los procesos contra la investidura de los parlamentarios".
Aunque la observación sobre una posible "gradualidad" para la pérdida de investidura de los congresistas está contenida en el artículo 13 del borrador de la reforma constitucional, el ministro Valencia hizo saber a través de un portavoz que ese podría ser un asunto para desarrollo legal posterior.
La legislación actual sobre pérdida de investidura, que data de la Constitución de 1991, es vista como muy severa y única en su género en el mundo, pues es el Consejo de Estado el que condena y solo admite un recurso de reposición ante la misma instancia. Esta norma, a la que los congresistas temen, es uno de los peores castigos en su contra, pues su imposición significa la 'muerte política', ya que nunca pueden volver a ser elegidos como miembros del Congreso.
En la exposición de motivos se asegura, además, que el "Procurador no tendría la competencia para investigar y juzgar disciplinariamente" a los legisladores, por ser estos quienes lo elegirían. Con la eliminación del actual artículo 240 de la Constitución, que se propone, los ex ministros no tendrán que esperar un año tras su renuncia para aspirar a la Corte Constitucional.