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BOGOTÁ, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El magistrado José María Armenta, que el pasado 13 de enero decretó la suspensión provisional del fallo de la Procuraduría que destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por 15 años, ha pedidio medidas especiales de protección y seguridad, tras recibir amenazas de muerte.
Armenta ha hecho esa solicitud al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las "amenazas de muerte" que dice haber recibido en las últimas horas y por el peligro contra la integridad que corren su esposa, Cecilia Calderón Jiménez, y su hija, según informa El Tiempo.
En su petición, el magistrado también argumenta que el pasado martes, 14 de enero, su esposa tuvo que salir escoltada de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) -donde es actualmente la directora de Activos Fijos- tras ser agredida verbalmente, luego de conocerse que es su mujer.
Tras saberse estas amenazas, el alcalde de Bogotá trasladó la noche de este viernes la denuncia a las mujeres de la capital que se congregaron en la Plaza de Bolívar.
"Hemos tenido varias noticias hoy: un magistrado amenazado, un vinculado al carrusel que confesó un complot. Después de esto, se conoce la decisión rápida de dos magistrados de tumbar una tutela para defender mi debido proceso", dijo el mandatario distrital, según informa Colprensa.
En su intervención, el alcalde Mayor de Bogotá destacó que la ciudad "está montada en la locomotora de la paz y la democracia que garantiza las diferencias de las multitudes".
"Bogotá va por la locomotora de la democracia y la Paz, va por la vía del Estado Social de Derecho, por la vía de levantar la bandera de la democracia multicolor y en contravía de los que nos dicen que la igualdad no existe, que los derechos de las mujeres no existen", indicó el burgomaestre.
"El Procurador me destituyó e inhabilitó por 15 años porque pagamos dinero a los recicladores, porque bajamos la tarifa del aseo de los usuarios, porque le quitamos el negocio de las basuras a cuatro personas poderosas, dueños de la contratación", afirmó Petro, quien añadió que lo que está escrito en el acto administrativo es que ellos se ponen del lado de la discriminación y Bogotá Humana está del lado de los recicladores. "Lo que estamos defendiendo son derechos humanos y ellos pensaban que estos nos alejan de Dios", dijo.
"Vieron en nosotros un diablo y llegaron a tal fanatismo que inhabilitaron al Alcalde de Medellín, no por lo que dijeron en el fallo, sino porque quiso construir la Clínica de la Mujer y por eso también quieren destituir a Petro porque abrió las puertas del trabajo a la comunidad LGBTI y entendió la diferencia", sostuvo el mandatario capitalino.
Petro insistió en que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tiene que decidir si está del lado del mundo que defiende la Alcaldía que busca garantizar los derechos y respetar la diferencia o del mundo que quiere acabar con las libertades. "Le va tocar decidir en cuál de los dos milita", sostuvo.
Petro, quien destacó logros como que Bogotá tiene la tasa más baja de homicidios de los últimos 30 años, unas empresas de servicios públicos fortalecidas y una educación pública para todos que apunta a la calidad, dijo que "nos quieren destituir porque las empresas de servicios públicos se convirtieron en las más poderosas de América Latina".
Tras subrayar que los mundos diferentes tienen que cohabitar, porque esta es la única manera de construir la paz del país, indicó que "la torpeza del Procurador es que le envía un mensaje a Colombia y a la juventud del país, que ellos son los únicos que pueden tener derechos políticos, porque a los diferentes los aniquilan", manifestó el burgomaestre.
Por último, Petro invitó a toda la ciudadanía a que se vuelva a reunir el próximo miércoles, 22 de enero, en la Plaza de Bolívar para que continúe "la lucha por la paz y la democracia".