BOGOTÁ, 4 Feb. (Colprensa/EP) -
El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, ha ordenado que se investiguen las supuestas escuchas que estarían llevando a cabo los servicios de Inteligencia del Ejército al equipo de negociación que el Gobierno de Juan Manuel Santos tiene en La Habana negociando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A través de su cuenta en Twitter, Pinzón ha informado de que su oficina ya ha dado órdenes de que se investiguen las presuntas 'chuzadas' que se estarían llevando a cabo desde una oficina en Bogotá.
"Le he pedido al @COMANDANTE_EJC que investigue situación de supuestas chuzadas a equipo negociador en la Habana", ha indicado el ministro.
Por su parte, el titular del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, ha manifestado que desconoce si es cierto que se esté espiando a los negociadores de paz, como reveló este lunes por la noche la revista 'Semana', y ha adelantado que habrá una reunión este mismo martes en la que espera conocer en detalles qué ha sucedido en este caso, que ha considerado como "muy grave".
Según la información publicada por 'Semana' en base a una investigación propia, una oficina fachada habría sido utilizada por inteligencia del Ejército Nacional para realizar escuchas ilegales a los miembros del equipo negociador del Gobierno en La Habana.
OPERACIÓN 'ANDRÓMEDA'
La operación tenía como nombre clave 'Andrómeda' y se dedicaba a recolectar información de correos electrónicos y conversaciones de Blackberry y Whatsapp de los negociadores del Gobierno en Cuba, así como de ONG e integrantes de la oposición como Piedad Córdoba e Iván Cepeda.
Los miembros de la delegación del Gobierno --el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el alto consejero presidencial para la reintegración, Alejandro Eder y, el jefe negociador, Humberto de La Calle-- eran citados con seudónimos y se les espiaban las comunicaciones con el fin de tener la mayor cantidad de información posible sobre los avances en las negociaciones.
Al frente de la operación estaba un oficial del batallón de Inteligencia Técnica del Ejército (Bitec-1), que forma parte de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC). En la misma, según la revista, trabajaban incluso militares y 'hackers' civiles que habrían sido reclutados en ferias de tecnología como los 'Campus Party'.
Las 'chuzadas' se llevaron a cabo desde una oficina operativa desde agosto de 2012 y que funcionó hasta octubre de 2013, cuando se dio órdenes de borrar los rastros de la información recolectada. Asimismo, también estuvo operativa otra sala de interceptaciones del Ejército Nacional, cuyos equipos fueron trasladados al búnker de la Fiscalía, al parecer, después de que se conocieran las irregularidades que allí se habrían presentado.
En declaraciones recogidas por 'Semana', el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha explicado que "ante las versiones que empezamos a tener sobre irregularidades optamos por cortar por lo sano y desmontar y trasladar la 'sala gris' de Inteligencia militar y traerla al búnker en donde hay posibilidades de tener mayores controles".
Así las cosas, según Colprensa, tras salir a la luz este nuevo caso de 'chuzadas' será el propio Montealegre el encargado del caso. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía está analizando ya los documentos y equipos decomisados en el registro del búnker, tras el registro que se efectuó hace dos semanas.
Los efectivos del CTI se habrían incautado de varios equipos electrónicos y de cómputo, con el fin de ser analizados por investigadores especializados para evaluar su contenido y determinar posibles culpables en los hechos.