BOGOTÁ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El hasta ahora alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha negado que durante su estancia en el Gobierno municipal haya manipulado los procesos de contratación privada, rechazando así una vez más el argumento de la Procuraduría para destituirle e inhabilitarle.
"No estamos amangualando (amañando) ningún proceso clandestino de contratación privada con los dineros públicos", ha dicho durante el acto oficial que se ha celebrado este jueves por la incorporación al servicio público de nuevos funcionarios municipales.
Para seguir por esta senda, ha solicitado la ayuda de los nuevos empleados de la alcaldía capitalina, al tiempo que ha denunciado que "durante la época del cártel de la contratación privada no hicieron nada". "Al menos hasta donde yo sé", ha matizado.
Petro ha lamentado que en los gobiernos anteriores "a Bogotá se la robaron por decenas de millones de dólares en todas las entidades públicas y ninguna oficina de control interno reaccionó, ni siquiera como un aviso".
"El control interno tiene que tener un sentido, tiene que evitar el robo, rompiendo una serie de lealtades que se van construyendo", ha dicho en alusión a "los anillos de poder, que se acaban convirtiendo en anillos de corrupción".
Con todo ello, ha reiterado que "la defensa de lo público" ha sido "uno de los ejes" de su Gobierno. "Fortalecer lo público tiene muchas facetas, pero la fundamental es creer en ello", ha dicho, en declaraciones recogidas por el diario colombiano 'El Espectador'.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
El hasta entonces alcalde de Bogotá presentó un recurso de reposición contra esta decisión, lo que implica que el fallo será revisado por quien lo dictó: Ordóñez. Por ello, Petro pretende recusar al procurador general para que sea otro quien tome la decisión en firme.
La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha observado irregularidades en esta decisión, que ha calificado de "inquisitiva", y ha ordenado una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, ha defendido la legalidad de su decisión y ha rehusado entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro ha solicitado tutela.
En este contexto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos se ha reunido con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que ha calificado como una "crisis institucional" y, después de ello, ha aclarado que será neutral.
REVOCATORIA
Al margen de este asunto, el próximo 2 de marzo se celebrará una consulta popular para decidir sobre la continuidad de Petro en el Gobierno de la capital colombiana, conforme al dictamen de la Registraduría.
El pasado 18 de abril, el gobernante Partido de la 'U' presentó una solicitud de revocatoria contra Petro ante la Registraduría al considerar que no ha cumplido el programa de Gobierno con el que se presentó a las elecciones municipales.
Petro y su círculo político han promovido un sinfín de acciones legales para impedir esta consulta popular. Sin embargo, ahora podría serle de gran utilidad para evidenciar el respaldo popular con el que cuenta de cara al proceso que se sigue en la Procuraduría.