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BOGOTÁ, 29 Mar. (Notimérica/EP) -
El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha presentado este viernes un escrito de 50 páginas ante el Tribunal de Cundinamarca para pedir la nulidad de su destitución y la caída del fallo que lo inhabilita durante 15 años para aspirar a cargos de elección.
Si el tribunal acoge la petición y ordena la suspensión provisional del fallo, la decisión podría ser apelada y dejaría en manos del Consejo de Estado la decisión final de si el destituido alcalde vuelve o no al cargo, de acuerdo a la información facilitada por la emisora colombiana Caracol Radio.
El abogado de Petro, Iván Acuña, ha insistido en la "ilegalidad" en el proceder de la Procuraduría y, por lo tanto, confía en que se restablezcan los derechos del destituido alcalde. "Esperamos que el Tribunal tome una decisión muy pronto y ojalá favorable a las peticiones que hemos hecho", ha apostillado.
Acuña ha explicado que el recurso no se ha presentado antes porque daban por hecho que el Gobierno de Juan Manuel Santos acataría las medidas cautelares que concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al entender que "se están causando perjuicios irremediables" a Petro.
Este hecho llega sólo unos días después de que la propia defensa del exalcalde asegurase que no solicitaría la nulidad del fallo de la Procuraduría. Según Acuña, Petro está haciendo un uso legítimo del restablecimiento del derecho.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro solicitó tutela.
En este contexto, Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral, algo que se ha cumplido, pero que no ha calmado los ánimos.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dictara medidas cautelares --algo que hizo el martes-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
Finalmente, el Consejo de Estado --última instancia colombiana que quedaba por pronunciarse-- confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.