BOGOTÁ, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció que tratará de penalizar el consumo de droga, ya que considera que ese es "un gran reclamo de la base popular de la nación", por lo que indicó que intentará lograr que el Congreso apruebe la penalización de la posesión de dosis personal.
Los colombianos tienen "una queja profunda por la permisividad del consumo en el país", afirmó Uribe anoche, madrugada del martes en España.
Por su parte, el senador del partido de La U Armando Benedetti ya ha anunciado que no apoyará el proyecto puesto que considera que no se puede pretender mandar a prisión a los jóvenes que caigan en las drogas debido a la falta de políticas preventivas de ese mal en la sociedad.
El presidente de Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta, que integra la comisión primera del Senado que analiza la propuesta, indicó también que está en contra del proyecto y manifestó que la interpretación del Gobierno de Uribe sobre la cuestión de la drogadicción es incorrecta.
"Considero que la salida a la solución de esta dificultad no puede ser castigar al consumidor sino más bien judicializar al expendedor y distribuidor de los narcóticos", dijo Arrieta.
Según la prensa local el Ejecutivo afirma que existe una relación causa efecto entre la permisividad en el consumo de drogas con la criminalidad.
"No hay derecho que mientras aquí hay soldados mutilados porque están cuidando a los erradicadores de droga, se permitan reuniones sociales con dosis personal de droga en virtud de una interpretación errónea del libre desarrollo de la personalidad", explicó Uribe.
Esta es una de las promesas electorales del mandatario durante sus dos campañas a la Presidencia, cuando aseguró que se penalizaría la dosis mínima. Sin embargo la oposición e incluso algunos miembros de su propio grupo parlamentario no han permitido que la propuesta fuera aprobada en el Congreso.
Si finalmente el proyecto fuera aprobado los consumidores de drogas o bien quienes porten estupefacientes aunque sea en la dosis mínima se enfrentarían a penas de hasta dos años de prisión.