Actualizado 20/03/2014 17:43

Procuraduría celebra que Santos haya hecho respetar la constitución

Gustavo Petro
Foto: JOHN VIZCAINO / REUTERS

BOGOTÁ, 20 Mar. (Notimérica/EP) -

   El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, ha defendido este jueves que el presidente del país, Juan Manuel Santos, ha hecho respetar la constitucionalidad al no accionar las medidas cautelares en favor de la restitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

   Ordoñez ha asegurado que la decisión de Santos "es un espaldarazo" a la constitucionalidad, así como "una respuesta clara respecto a la existencia de instrumentos jurídicos del derecho interno". El procurador ha defendido su postura afirmando que la CIDH "presentó un claro desbordamiento de sus competencias".

   El procurador general ha explicado que este miércoles él mismo incentivó a Santos para que desechara las medidas cautelares de la CIDH y tomara la decisión de inhabilitar a Petro, quien no podrá ostentar cargos públicos durante los próximos quince años.

   Por otro lado, se ha manifestado sobre las declaraciones del portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', quien ha asegurado que la destitución de Petro "afecta negativamente al proceso de paz", ya que "plantea muchas dudas en torno a la eficacia de lo acordado parcialmente en torno al tema de participación política".

   El procurador ha respondido que no se pueden aceptar argumentos que no tienen garantías legales si se quiere aspirar a representar cargos públicos, pues "no puede haber colombianos por encima de la Constitución y la leyes", según la información del diario colombiano 'El Espectador'.

DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN

   El pasado 9 de diciembre, el procurador general destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.

   La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.

   Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro solicitó tutela.

   En este contexto, Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral, algo que se ha cumplido, pero que no ha calmado los ánimos.

   Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la CIDH para que dictara medidas cautelares --algo que hizo a última hora del martes-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.