BOGOTÁ, 20 Mar. (Notimérica/EP) -
El Movimiento Progresistas ha comunicado este jueves que no presentará a nadie como candidato a suceder al destituido Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá, pues --según sus palabras-- ninguna persona o partido político tiene autoridad para representarle.
Sin embargo, desde el partido han reconocido que tienen la obligación por ley de presentar al Gobierno el trío de candidatos que se disputarían el cargo de alcalde de la capital colombiana. No obstante, todavía existen dudas sobre si lo llevarán a cabo.
La situación de elegir a tres posibles postulantes se complica un poco más si se tienen en cuenta, tal y como ha recordado el diario colombiano 'El Espectador', que los progresistas se aliaron con el Partido Verde.
En caso de que finalmente el partido que lidera Petro no presente al trío de candidatos, el actual alcalde interino de Bogotá, Rafael Pardo, designado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ocuparía el cargo hasta la celebración de elecciones, las cuales están fijadas para un plazo máximo de 55 días.
Pardo, quien hasta el momento ocupa la titularidad del Ministerio de Trabajo, ha manifestado que él no ha buscado el cargo y que "no es una situación fácil". Además, ha admitido que todavía no dispone de un equipo de Gobierno para afrontar el escaso periodo en el que permanecerá en el cargo, en el caso de que los progresistas no presenten a su candidato.
Por su parte, desde el Gobierno, el ministro de Interior, Aurelio Iragorri Valencia, ha informado de que, si los Progresistas no presentan a su trío de candidatos, Santos no tendrá más remedio que mantener a Pardo en el cargo hasta que se convoquen elecciones.
"Se alargaría el periodo del encargado hasta que se convocaran elecciones atípicas", ha explicado Iragorri, quien ha defendido la necesidad jurídica de acudir a las urnas para elegir al nuevo alcalde.
El candidato que saliera vencedor de esos comicios mantendría su cargo en la Alcadía hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en la que hubiese finalizado la administración de Petro.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro solicitó tutela.
En este contexto, Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral, algo que se ha cumplido, pero que no ha calmado los ánimos.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dictara medidas cautelares --algo que hizo el martes-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
Finalmente, el Consejo de Estado --última instancia colombiana que quedaba por pronunciarse-- confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares, que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.