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BOGOTÁ, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
El referéndum para decidir sobre la continuidad de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá se celebrará el próximo 2 de marzo, según ha anunciado este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.
El pasado 18 de abril, el gobernante Partido de la 'U' presentó una solicitud de revocatoria contra Petro ante la Registraduría al considerar que no ha cumplido el programa de Gobierno con el que se presentó a las elecciones municipales.
El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, anunció ocho meses después que las 357.250 firmas presentadas por el Partido de la 'U', 67.897 más de las necesarias, eran válidas, por lo que autorizó la celebración de la revocatoria contra Petro.
Para que el referéndum, cuyo coste ascenderá a unos 56 millones de pesos (unos 28.800 dólares), sea válido deberán acudir a las urnas al menos 1,2 millones de bogotanos.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
Petro y su círculo político han promovido un sinfín de acciones legales para impedir esta consulta popular. Sin embargo, ahora podría serle de gran utilidad para evidenciar el respaldo popular con el que cuenta de cara al proceso que se sigue en la Procuraduría.
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
El hasta entonces alcalde de Bogotá presentó un recurso de reposición contra esta decisión, lo que implica que el fallo será revisado por quien lo dictó: Ordóñez. Por ello, Petro pretende recusar al procurador general para que sea otro quien tome la decisión en firme.
"CRISIS INSTITUCIONAL"
La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha observado irregularidades en esta decisión, que ha calificado de "inquisitiva", y ha ordenado una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, ha defendido la legalidad de su decisión y ha rehusado entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro ha solicitado tutela.
En este contexto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos se ha reunido con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que ha calificado como una "crisis institucional" y, después de ello, ha aclarado que será neutral.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte medidas cautelares al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
La organización regional ya ha advertido de que para adoptar cualquier decisión sobre este caso antes se deberán agotar las instancias nacionales, por lo que el proceso en la CIDH seguirá parado hasta que la decisión de Ordóñez sea firme.