BOGOTÁ, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha negado la tutela que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, había interpuesto para frenar su destitución e inhabilitación durante 15 años, dictada el pasado mes de diciembre por la Procuraduría.
En este sentido, el magistrado Samuel Ramírez, encargado de estudiar y resolver la tutela presentada por el abogado de Petro, sostiene que tanto la Constitución como la ley permiten al Ministerio Público controlar a todos los funcionarios, incluidos los de elección popular.
Tal y como explica el diario colombiano 'El Tiempo' la decisión es clave, porque "contradice el argumento central del también magistrado del Tribunal de Cundinamarca José María Armenta", quien ordenó suspender el proceso de destitución durante diez días al entender que la Procuraduría no contaba con esas facultades.
Por ahora, la sanción de destitución e inhabilidad dictada por la Procuraduría contra el Alcalde de Bogotá, continúa congelada. Sin embargo, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró que como la decisión no ha sido notificada no ha empezado a surtir efecto y, por lo tanto, no se pueden suspender los efectos de un fallo.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
El hasta entonces alcalde de Bogotá presentó un recurso de reposición contra esta decisión, lo que implica que el fallo será revisado por quien lo dictó: Ordóñez. Por ello, Petro pretende recusar al procurador general para que sea otro quien tome la decisión en firme.
La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha observado irregularidades en esta decisión, que ha calificado de "inquisitiva", y ha ordenado una "inspección" contra la Procuraduría.
En este contexto, el presidente colombiano se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, aclaró que será neutral.