Actualizado 09/10/2007 09:02

Colombia.- Uribe acusa a un miembro del Tribunal Supremo de sobornar a un jefe paramilitar para que declarase contra él


BOGOTÁ, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente colombiano, Alvaro Uribe, acusó públicamente hoy a un juez del Tribunal Supremo de si país de haber sobornado a un señor de la guerra encarcelado para que testificase que Uribe había tramado el asesinato de otro de los jefes de los paramilitares, según el diario 'El Tiempo'.

En una corta declaración y más tarde en una entrevista de radio, Uribe denunció que el Juez auxiliar Ivan Velásquez y otro investigador de la Fiscalía ofrecieron a Orlando José Moncada ventajas inespecificadas para él y para su familia si denunciaba al presidente. El presidente del Tribunal Supremo, Cesar Julio Valencia, rechazó las acusaciones y las calificó de obstrucción a la justicia.

"El Tribunal Supremo no ha actuado de forma inapropiada", dijo Valencia, quien no dijo si Moncada, más conocido por su alias 'Tasmania', declaró contra el presidente. "El Alto Tribunal ve la declaración presidencial como una obstrucción clara de nuestro trabajo en el conocido como escándalo para político", añadió.

Uribe alegó que su oficina recibió una carta de Moncada en la que el ex jefe paramilitar denunció que Velásquez le había presionado para que dijese que Uribe ordenó el asesinato de Alcides de Jesús Durango, otro jefe de los paramilitares de la región del Golfo de Uraba. El presidente añadió que él "tuvo conocimiento" del testimonio de Moncada la semana pasada. Velásquez, en declaraciones a Caracol Radio, dijo que el hecho no es cierto y que ni siquiera existe una declaración de 'Tasmania' ante la Corte.

"Sólo estoy preguntándoles a los fiscales que investiguen estas graves acusaciones", manifestó Uribe, que también negó tener alguna relación con Moncada o Durango.

La semana pasada, Valencia denunció que la hija de un investigador del Tribunal Supremo había recivido una amenaza de muerte anónima que forzó la evacuación de su colegio en Bogotá. esa fue la segunda amenaza conocida contra los miembros del tribunal que investigan el escándalo de las relaciones de miembros del Gobierno con los paramilitares, y que ya ha llevado a la cárcel a catorce diputados, trece de ellos aliados de Uribe.