MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El partido Centro Democrático ha puesto en duda este martes que el Gobierno de Colombia asuma algún tipo de responsabilidad política en relación a las informaciones que se han publicado esta semana afirmando que los servicios de Inteligencia del Ejército estarían, supuestamente, espiando a la delegación que el Ejecutivo tiene en La Habana para negociar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Aunque Álvaro Uribe no se ha pronunciado todavía al respecto, desde su partido, sus acólitos sí se han manifestado en relación a esas supuestas escuchas ilegales del Ejército.
El senador 'uribista' Juan Carlos Vélez ha considerado que "el Gobierno de Juan Manuel Santos tendrá que dar buenas explicaciones", pues se trata de un asunto que bien puede acarrear repercusiones negativas a los diálogos que la delegación colombiana mantiene con las FARC desde hace más de un año en la capital cubana.
"¿El Gobierno asumirá responsabilidades políticas?", se ha preguntado Vélez, quien ha asegurado que desde Casa Nariño dicha situación "se conocía desde hace tiempo", tal como ha informado el diario colombiano 'El Espectador'.
ESCÁNDALO DE LAS ESCUCHAS
La revista colombiana 'Semana' reveló este lunes una investigación en la cual se afirmaba que los servicios de Inteligencia del Ejército de Colombia estarían llevando a cabo operaciones de espionaje sobre la delegación que el Gobierno de Juan Manuel Santos tiene desplegada en La Habana para acordar con las FARC los distintos puntos de la agenda de paz.
La operación del Ejército tenía como nombre clave 'Andrómeda' y se dedicaba a recolectar información de correos electrónicos, conversaciones y mensajes vía teléfono móvil de los negociadores del Gobierno, los cuales eran citados bajo seudónimos, así como de las ONG presentes en los diálogos y de integrantes de la oposición como Piedad Córdoba e Iván Cepeda.
Al frente de la operación estaba un oficial del batallón de Inteligencia Técnica del Ejército. Las escuchas se llevaron a cabo desde una oficina operativa desde agosto de 2012, y que funcionó hasta octubre de 2013 cuando se dio órdenes de borrar los rastros de la información recolectada.
Asimismo, también estuvo operativa otra sala de interceptaciones del Ejército Nacional, cuyos equipos fueron trasladados al búnker de la Fiscalía, al parecer, después de que se conocieran las irregularidades que allí se habrían presentado.