MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Si el proceso de paz en Colombia no ha avanzado no ha sido por falta de voluntad del Gobierno de Uribe, aseguró hoy el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, quien defendió la "flexibilidad" del Ejecutivo ante la posibilidad de un intercambio humanitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y señaló el proceso abierto que mantiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), "sin que éste se comprometa a un cese de hostilidades".
Santos subrayó la política de seguridad con transparencia aplicada por el Ejecutivo del presidente, Álvaro Uribe, al asegurar que "nunca había habido sanciones tan ejemplares a cargos tan altos como los que ha habido estos años". "El Gobierno colombiano tiene clarísimo que el militar que ejecute un acto criminal se va para la cárcel", añadió el vicepresidente en un encuentro con los medios mantenido hoy en Madrid, en el marco del seminario 'Balance de dos años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz', organizado por el Centro Internacional de Toledo por la Paz (CITpax).
Respecto al papel que está desempeñando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como mediador entre las FARC y el Gobierno de Uribe, con el fin de lograr un acuerdo para el intercambio de rehenes a manos de la guerrilla por presos de las FARC, Santos abogó por la prudencia y descartó hacer algún comentario ya que las declaraciones deben producirse "a través de los canales institucionales que son en este caso el presidente y el Alto Comisionado para la paz (Luis Carlos Restrepo)". El éxito del proceso dependerá, a juicio del vicepresidente, de la "prudencia con la que se maneje" dicho proceso.
La aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que establece el marco legal para la desmovilización de guerrilleros y paramilitares, es una prueba de la "fortaleza democrática de Colombia" y Santos confió en que sea esa la impresión recibida por la comunidad internacional. Colombia "es un país complejo" en donde se está produciendo un "debate político e ideológico muy fuerte" sobre el futuro del país.
En este sentido, el vicepresidente colombiano afirmó que Colombia es hoy un país "radicalmente distinto" al que era "hace cinco años" e interpretó las críticas recibidas como intentos por "deslegitimizar la democracia". Además, habló de la importancia de que aquellos que actuaron "en connivencia con la guerrilla o paramilitares paguen todo el peso de la ley" y, que los autores intelectuales que "no se hayan desmovilizado" sean juzgados por la "legislación que no tiene beneficios".
El "fortalecimiento" y la "presencia" del Estado en las zonas más remotas de Colombia ha permitido que el problema sea ya "un mal muchísimo menor", en donde la guerrilla se está "replegando" y que en algunas zonas "no existe o es irrelevante".
Finalmente, Santos destacó la colaboración de España con los "diferentes actores que participan en el proceso" de la Ley de Justicia y Paz y anunció la próxima creación de un observatorio de seguimiento sobre la ley, en colaboración con el CITpax, que permitirá evaluarla y señalar los beneficios y problemas que surgen por su aplicación.