BOGOTÁ, (Notimérica/EP)
Las protestas que se originaron el pasado domingo en Barranquilla y Soledad, en el norte de Colombia, por los fallos en el sistema eléctrico, que todavía mantienen sin luz algunas zonas de la ciudad, han dejado ya dos muertos y 16 heridos, además de importantes daños en infraestructuras e inmobiliario público y privado.
Los cortes de electricidad dejaron sin luz a 90 barrios de Soledad y Barranquilla, situados en el departamento de Atlántico, una situación que no sería nueva, según ha advertido el Defensor del Pueblo, quien ya ha abierto un expediente de investigación a la empresa Electrificadora del Caribe (Electricaribe) por una posible negligencia en sus funciones.
Según el Defensor del Pueblo, la compañía habría recibido hasta 20 reclamaciones alertando de los fallos en el sistema eléctrico sin que hubiera tomado ningún tipo de medida preventiva ante lo que al final acabó desencadenándose el caos por las calles de estas dos ciudades, convertidas en escenario de pillajes y desmanes en las que los delincuentes actuaban al amparo de la oscuridad.
Es precisamente en ese contexto en el que cayó abatida por un disparo la última víctima registrada desde los apagones, un hombre de 57 años de edad que, según sus familiares, de desplazaba en moto cuando fue asaltado, de acuerdo con lo publicado por el periódico colombiano 'El Espectador'.
COBROS INDEBIDOS
Pero los cortes en el suministro eléctrico no han sido la única irregularidad denunciada por el Defensor del Pueblo. Su titular, Jorge Otálora Gómez, ha señalado que, desde que se iniciará el año 2014 hasta ahora, el organismo que preside ha recibido al menos 60 quejas sobre facturas hinchadas y alejadas de las tarifas habituales.
"Más allá de medidas como el aumento de la Fuerza Pública para suplir las carencias y las labores judiciales relacionadas con los disturbios, lo que necesitan Barranquilla, Soledad y la población de Atlántico, es una intervención eficaz del Estado que asegure la continuidad, oportunidad y calidad del fluido eléctrico en la región como un derecho básico de sus habitantes" ha defendido Otálora Gómez.