ASUNCION (Reuters/EP) - El Congreso paraguayo llamará a una inusual sesión bicameral por un fallo judicial que repuso a dos ex jueces de la Corte Suprema destituidos por el Legislativo en el 2003, que parlamentarios calificaron el jueves como un golpe a la institucionalidad.
En una reunión de emergencia entre líderes de bancadas de ambas cámaras se solicitó a la comisión permanente del Congreso -en receso hasta marzo- convocar una sesión extraordinaria para el sábado con el fin de proponer el rechazo a la cuestionada resolución y debatir que acciones seguir.
"La comisión permanente convocará a sesión y esperamos debatir esto como lo que es, como un golpe de estado. Estos tres camaristas han cometido una aberración jurídica que no puede quedar impune", dijo a periodistas el diputado Sebastián Acha del centroderechista partido Patria querida.
La resolución benefició a los ex jueces Bonifacio Ríos y Carlos Fernández, quienes fueron destituidos por el Congreso mediante un juicio político que removió a seis de los nueve ministros de la Corte Suprema.
Legisladores de todos los partidos coincidieron en señalar que la Corte se extralimitó en sus funciones y con esta medida rompió el equilibrio de poderes. En tanto, los ex ministros defendieron el fallo argumentando que la decisión del Congreso puede ser revisada si no se ajusta a la Carta Magna.
La Sala Constitucional del máximo organismo judicial falló el miércoles a favor de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los dos ex ministros, quienes denunciaron que no se respetó el debido proceso durante el juicio que llevó a su destitución.
Además ordenó la suspensión del proceso de elección de dos nuevos jueces que deberían completar la Corte Suprema, integrada por solo siete miembros.
El senador Miguel Saguier, integrante del Consejo de la Magistratura, órgano responsable de la selección de candidatos a la Corte Suprema, rechazó el fallo y anunció que propondrá no acatar la orden de suspender el proceso.
"Esta resolución es absolutamente inconstitucional, nula, nadie está obligado a cumplir porque la Constitución establece que el juicio político es una atribución exclusiva del Congreso. Están chiflados, son cavernícolas y no juristas", dijo Saguier del oficialista Partido Liberal.
El asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, expresó la "profunda preocupación" del Gobierno por el tema que "afecta a los poderes del Estado" y anunció que el Ejecutivo consultará a varios juristas antes de pronunciarse.
"La postura del Gobierno es de defensa del estado de derecho, de la división de poderes y de la institucionalidad de la República () la situación obliga a actuar con serenidad, pero con firmeza y fundamentalmente a reabrir el diálogo entre todos los poderes del Estado", dijo Camacho a periodistas.
La Corte Suprema, que se encuentra en feria hasta febrero, aún no informó cuando iniciaría las gestiones necesarias para que ambos ex ministros retomen sus cargos.