Actualizado 30/05/2015 23:04

El Gobierno argentino podría evitar la extradición de los implicados en el caso FIFA

The headquarters of Torneos is pictured in Buenos Aires
Foto: ENRIQUE MARCARIAN / REUTERS

BUENOS AIRES, 30 May. (Notimérica) -

   El ente fiscal argentino, la AFIP, interpuso una denuncia contra los implicados argentinos en el caso FIFA, medida con la que evita su extradición a Estados Unidos por el momento, mientras crecen las sospechas de relaciones entre el Gobierno y los empresarios.

   La querella de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está dirigida contra el presidente de Torneos y Competiciones S. A., Alejandro Burzaco, los dueños de Full Play S. A., Hugo y Mariano Jinkis, además de a sus empresas por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.

   Sobre los tres empresarios argentinos pesa una orden de captura internacional para su extradición a Estados Unidos que el pasado miércoles fue cursada por el juez federal argentino Marcelo Martínez de Giorgi, aunque los tres acusados permanecen prófugos.

   Con esta denuncia, la AFIP podría detener la extradición al país norteamericano sobre la base de que respondan ante la justicia local primero, si bien el fiscal Federico Delgado señaló que "pueden ser enviados y, una vez juzgados allá, vuelven y enfrentan el otro proceso en Argentina".

   Para el famoso jurista argentino y exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, si son juzgados en Argentina, "seguramente no van a ser condenados", ya que en el país "casi no tenemos condenas por corrupción".

RELACIÓN CON LA AFA

   Moreno Ocampo también señaló un punto clave al hablar de las relaciones entre el empresario Burzaco y el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona: "Burzaco aparece como el hombre que intermediaba con Grondona, su testaferro".

   Según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Grondona habría aceptado sobornos de Burzaco y otros empresarios por un total de 15 millones de dólares por la comercialización de derechos de la Copa América entre 2015 y 2023.

   En esta relación entra en juego un elemento delicado y todavía poco aclarado: la vinculación entre Grondona y el Gobierno de los Kirchner, especialmente desde que en 2009 la AFA vendiera los derechos de Primera División al Gobierno para su programa Fútbol Para Todos.

   Según ha denunciado 'La Política Online', Burzaco evitó en 2005 que el Congreso de Argentina estudiara en una comisión la posible relación entre el dinero del fútbol y las llamadas 'barras bravas', los grupos de violentos en el fútbol.

   Burzaco habría puesto en funcionamiento una verdadera operación de 'lobby' en dos frentes: llegar al presidente Néstor Kirchner y conseguir que el partido mayoritario, el Frente para la Victoria, eliminara los contratos televisivos de las atribuciones de esta comisión.

   Según relata 'La Política Online', para la primera operación Burzaco se habría apoyado en la influencia de Grondona y, para la segunda, en su hermano Eugenio Burzaco, quien a la sazón era diputado del PRO, partido del intendente de Buenos Aires y opositor al Gobierno, Mauricio Macri.

LA INVESTIGACIÓN DE FÚTBOL PARA TODOS

   El programa gubernamental depositario de los derechos televisivos del fútbol argentino, Fútbol Para Todos, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia, lleva un tiempo en el punto de mira de sospechas por corrupción y estas nuevas revelaciones abren nuevas incógnitas.

   Recientemente se supo que la Auditoría General de la Nación (AGN) había elaborado un informe muy crítico sobre el manejo presupuestario de los fondos públicos destinados a Fútbol Para Todos.

   Entre las irregularidades que señalaba la AGN estaban el gasto injustificado de unos 179 millones de pesos (unos 20 millones de dólares) o la falta de control sobre los pagos a la AFA que debían estar destinados al saneamiento de las deudas de los clubes.

   Sin embargo, el 'kirchnerismo' utilizó su mayoría en el directorio de la AGN para archivar el informe sin aprobarlo y ahora su presidente, Leandro Despouy --miembro del partido opositor Unión Cívica Radical--, pide que se desarchive.

   "Desde la oposición propusimos desarchivar el expediente; sería una vergüenza que nosotros los argentinos nos enteráramos por el FBI sobre las cosas que pasaron en nuestro país", dijo Despouy al respecto.