ASUNCION (Reuters/EP) - La justicia paraguaya ordenó el miércoles la restitución de dos ex ministros de la Corte Suprema, quienes fueron removidos mediante un juicio político en el 2003, una decisión que podría generar un enfrentamiento con el Legislativo.
La inédita resolución, cuyos fundamentos aún no fueron divulgados, favorece a los ex jueces Bonifacio Ríos y Carlos Fernández, quienes fueron destituidos de sus cargos por el Congreso mediante un polémico proceso impulsado por el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos.
El presidente del Congreso, el opositor Miguel Carrizosa, calificó como un "golpe a la institucionalidad" a la decisión del máximo organismo judicial y anunció que se reuniré con sus colegas para debatir qué medidas tomar.
"No estoy reconociendo lo actuado en este tema como presidente, pero conversaré con mis colegas como corresponde en un cuerpo colegiado. Espero que actúen coherentemente. Así nomás no nos van a correr con la vaina", dijo a una radioemisora local Carrizosa, del minoritario partido Patria Querida.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -integrada por tres camaristas- falló por unanimidad a favor de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los ex ministros, quienes denunciaron que se cometieron irregularidades durante el proceso que los destituyó.
El fallo además ordenó la suspensión del proceso de elección de dos nuevos jueces que deberían completar la Corte Suprema, que estaba integrada por solo siete miembros, y el pago de una indemnización.
El asesor jurídico de la presidencia, Emilio Camacho, se excusó de dar una postura sobre la decisión judicial antes de interiorizarse del contenido del fallo, pero afirmó que se trata de una cuestión "muy delicada" que "afecta al vínculo mismo entre los poderes del estado".
"Lo preocupante es la parte institucional, que afecta a la integración misma de la Corte Suprema de Justicia. Tengan seguro que el Gobierno actuará conforme a la legalidad y en defensa de la institucionalidad de la República", dijo Camacho.
El fallo ha dividido las opiniones de los especialistas. El ex ministro del supremo tribunal José Altamirano señaló que no comparte la decisión porque la misma puede "crear complicaciones para andamiaje jurídico" e implica un desconocimiento de los mecanismos de acceso a dichos cargos.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados Oscar Pacillo señaló que "todos los actos de los demás poderes del Estado son susceptibles al juzgamiento por el Poder Judidal" si estos no se ajustan a lo establecido en la Constitución.
Por su parte, ambos ex ministros dijeron a medios locales que pretenden retomar sus cargos y para ello esperan que la Corte Suprema, que entra en feria el viernes, llame a una sesión extraordinaria.