WASHINGTON/BUENOS AIRES, 19 (Reuters/EP)
Argentina presentó el martes una solicitud para que la Corte Suprema de Estados Unidos revea una orden de un tribunal para que el país sudamericano pague 1.330 millones de dólares a acreedores que rechazaron ofertas de canje de deuda impaga tras el default del 2002.
La presentación, que era esperada, sigue a la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que el 18 de noviembre negó un último recurso de Argentina.
El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández dijo que la presentación busca que la Corte Suprema de Estados Unidos "revise las decisiones erróneas de los tribunales inferiores que prohíben" a Argentina cumplir con "el pago de los cupones de deuda" de las acreencias que están siendo honradas puntualmente.
El cumplimiento del fallo de la corte de apelaciones estadounidense fue suspendido, pero, de aplicarse, impondría a Argentina usar parte del dinero con el que actualmente paga deuda normalizada para resarcir a los acreedores rebeldes, llamados "holdouts" y liderados por los fondos NML Capital de Elliot Management Corp y Aurelius Capital Management.
La presidenta argentina ha dicho que su Gobierno continuará pagando a los tenedores de deuda reestructurada del país, pero que nunca va a pagar a los acreedores rebeldes, a los que ha llamado "buitres".
"Los argumentos de Argentina para la prolongación de este conflicto carecen de fundamento y son totalmente innecesarios. Como hemos dicho muchas veces, si Argentina estuviera dispuesta a hablar con sus acreedores, esta disputa podría resolverse rápidamente", dijo en un comunicado Jay Newman, gerente de cartera senior de Elliot.
En caso de que esa sentencia permanezca firme, dejaría a la tercera economía latinoamericana nuevamente al borde de una cesación de pagos.
El litigio ha aumentado la preocupación de los inversores sobre una posible crisis de deuda en la segunda economía más grande de América del Sur, que se está recuperando de una devaluación de un 17 por ciento en su moneda el mes pasado que generó inquietud en los mercados globales.
El Gobierno argentino dijo a través de su embajada en Washington que las órdenes de los tribunales inferiores "amenazan en forma manifiesta el bienestar de la República Argentina y sus ciudadanos, así como el de innumerables tenedores de deuda argentina en cumplimiento".
Argentina afirmó que las decisiones previas de la justicia estadounidense "violan" su soberanía "al intentar coaccionarla a pagar a los demandantes con reservas que gozan de inmunidad soberana".
El país hace frente a sus compromisos de deuda en divisas con privados utilizando las reservas de su Banco Central.
El caso de Argentina versus los fondos NML y Aurelius continuó en la justicia de Estados Unidos debido a que estos acreedores rechazaron las reestructuraciones ofrecidas por el país en el 2005 y en el 2010, que permitieron normalizar con fuertes quitas un 93 por ciento de los títulos incumplidos en el 2002.
NML y Aurelius eligieron litigar para buscar recuperar la totalidad de sus tenencias.
En noviembre del 2012, el juez de distrito estadounidense Thomas Griesa ordenó a Argentina a pagar 1.330 millones de dólares en una cuenta de depósito en garantía.
Un panel de tres jueces del segundo Circuito confirmó la orden de Griesa en agosto, pero dejó la aplicación en compás de espera hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se expida sobre una apelación previa que realizó el país.
Si el máximo tribunal estadounidense se niega a revisar el caso, el fallo del tribunal de apelaciones se mantiene intacto.
En su recurso de apelación ante la Corte Suprema estadounidense, Argentina sugirió que el alto tribunal pida a la Corte de Apelaciones de Nueva York que exprese su opinión sobre cómo interpretar la ley estatal, basado en el hecho de que los bonos fueron emitidos bajo la ley de Nueva York.
Si la Corte Suprema busca la opinión de la corte de Nueva York, ese procedimiento legal adicional retrasaría la consideración de los jueces sobre si tomar el caso.
Si los jueces del máximo tribunal aceptan oír el caso, una decisión podría venir entre octubre, cuando comience el próximo mandato de la Corte Suprema, y junio del 2015, cuando concluye el período.