Por Daniel Bases
NUEVA YORK, 17 jun, 18 Jun. (Reuters/EP) -
- La posibilidad de que Argentina finalmente cierre su cesación de pagos de 100.000 millones de dólares de hace 12 años dependerá más de maniobras políticas y legales, de un juez motivado y de la fatiga de los inversores, ahora que perdió una larga batalla con los acreedores "holdouts" en las cortes de Estados Unidos.
Negociar un nuevo acuerdo con los acreedores que no accedieron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, quienes han peleado por sus derechos en los tribunales, podría violar una provisión redactada específicamente para evitar que cualquiera reciba un mejor acuerdo que quienes aceptaron los canjes.
"La mayoría de la gente no va a hacer nada al respecto porque una vez que el asunto se resuelva es probable que el mercado repunte", dijo, en referencia al valor de los bonos, Varun Gosain, gerente de cartera en Constellation Capital Management de Nueva York, que tiene inversiones en activos argentinos y participó en las reestructuraciones.
"Pero así como hay una pequeña cantidad de personas que siguió después de los términos iniciales de reestructuración, habrá un pequeño grupo de personas que reclamarán tras esto", dijo Gosain, refiriéndose a cualquier trato que se negocie.
Los tenedores de bonos reestructurados tienen cerca de 24.000 millones de dólares de deuda que están en peligro de caer en una cesación de pagos técnica.
La Corte Suprema de Estados Unidos no quiso escuchar la apelación de Argentina que buscaba revocar la orden de pagar 1.330 millones de dólares a los tenedores de deuda soberana, generando confusión en Buenos Aires sobre qué puede hacer el país ahora que ya no tiene más alternativas legales.
La presidenta Cristina Fernández prometió en la noche del lunes que Argentina no caería nuevamente en cesación de pagos de su deuda y que encontraría una forma de pagar a los acreedores de deuda reestructurada, el 93 por ciento de los inversores que aceptaron los enormes descuentos sobre sus bonos soberanos argentinos.
Ella dijo que el país estaba siendo extorsionado por los inversores "holdout" y que pagarles bajo sus términos provocaría reclamos de otros acreedores de bonos impagos por unos 15.000 millones de dólares, lo que equivale a más de la mitad de las reservas de divisas extranjeras del Banco Central de Argentina.
Los dueños de deuda canjeada recibieron entre 25 y 29 centavos por dólar por sus bonos impagos.
El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, dijo el martes que el Gobierno está comenzando a tomar pasos para reestructurar la deuda de los acreedores que accedieron a los canjes y ponerla bajo la ley del país para poder pagarla, lo que violaría los fallos del tribunal estadounidense.
En un discurso transmitido por televisión a todo el país, Kicillof también dijo que ordenaría a los abogados de Argentina que hablen con el juez de distrito Thomas Griesa para explicarle su posición.
"Casi parece como si ellos estuvieran tratando de extender el debate para diluir el estigma de la cesación de pagos", dijo Siobhan Morden, jefa de estrategia en América Latina de Jefferies en Nueva York.
Kicillof ha adoptado una postura conciliadora para resolver algunas de las antiguas disputas de Argentina, incluido un acuerdo para pagar al Club de París de países acreedores cerca de 10.000 millones de dólares en deuda y compensar a la petrolera española Repsol por la nacionalización de su filial YPF.
Standard & Poor's bajó el martes a "CCC-" la deuda de Argentina, citando el alto riesgo de una cesación de pagos.
Los inversores "holdout", liderados por NML Capital Ltd, una unidad de Elliott Management Corp del multimillonario Paul Singer, y Aurelius Capital Management dijeron que están dispuestos a sentarse a negociar con Argentina, pero el Gobierno nunca ha considerado su oferta.
Las firmas, que se especializan en inversiones en deuda con problemas, han usado sus enormes fondos para exigir que se respeten sus derechos en las cortes. Argentina ha respondido que está siendo extorsionada por los "holdouts" y que si se ve obligada a pagar no tendrá suficiente dinero para hacerlo sin poner a su economía en riesgo.
Una cláusula llamada Derechos sobre Ofertas Futuras impide que Argentina ofrezca voluntariamente a mejores términos a los "holdouts".
La cláusula expira el 31 de diciembre del 2014, pero los abogados que siguen el caso dicen que el hecho de que a Argentina se le haya ordenado pagar implica que la norma podría no ser aplicable y podría ofrecer al Gobierno una opción para llegar a un acuerdo.
"Siempre hay espacio para la interpretación, pero no estoy seguro de que esto pueda pasar", dijo Pierre Yves-Bareau, jefe de deuda de mercados emergentes en gestión de activos de JPMorgan en Londres, que tiene algunos de los bonos canjeados.
"Creo que será difícil para ellos aceptar pagarle a los 'holdouts' con una buena parte de sus reservas. Además pagar sólo una parte no será justo para gente como nosotros", agregó.
A DISCRECION DEL JUEZ
La decisión de la Corte Suprema perjudica los esfuerzos de Argentina por normalizar sus relaciones con inversores y acreedores extranjeros a fin de recuperar acceso a fondos internacionales.
El juez de distrito estadounidense Thomas Griesa, quien emitió el fallo a favor de los "holdouts" (acreedores no reestructurados) y ha estado examinando una avalancha de casos presentados ante cortes de Nueva York, ha preguntado en varias ocasiones por qué las partes no se sientan a negociar un acuerdo extrajudicial.
Griesa no ha hecho declaraciones fuera de la corte, pero algunos de quienes han presentado argumentos ante el magistrado dijeron que estaría dispuesto a evaluar el plazo del 30 de junio fijado para el pago del próximo cupón a los acreedores.
Su dictamen, que actualmente está en suspenso, ordena el pago a todos los acreedores al mismo tiempo o que de lo contrario no se desembolse efectivo alguno.
"Cualquiera sea la hostilidad que guarda hacia Argentina -y hay mucho de eso- él ha preguntado reiteradamente. '¿Por qué no están negociando?'. El no está interesado en causar el default de Argentina por 25.000 millones o 30.000 millones de dólares de deuda externa", dijo Marco Schnabl de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, quien ha presentado argumentos ante Griesa en representación de clientes argentinos.
"Los dictámenes pueden cambiarse. Dudo que lo haga bajo un pedido unilateral de Argentina, pero si ambas partes los solicitaran él lo haría en cuestión de segundos", añadió.
Los acreedores reestructurados intentaron impedir la orden de Griesa por vías judiciales, y más tarde buscaron negociar por separado con los "holdouts" para impedir una cesación de pagos.
Gosain de Constellation dijo que por momentos el caso de los "holdouts" les hizo sentir como rehenes, porque se verían afectados por el impacto de las decisiones judiciales pese a que ya habían llegado a un acuerdo.
"Quizás sí, un poco. No creo que sea un asunto de la corte interferir en nuestra capacidad de recibir pagos por intereses", sostuvo Gosain.