BUENOS AIRES, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de Argentina ha aprobado este jueves la Ley de Tierras, que limita al 15 por ciento la superficie de tierra que los extranjeros pueden adquirir en el país sudamericano, según informa la agencia de noticias Télam.
La ley ha quedado aprobada después de que el Senado le diera su beneplácito con 62 votos a favor, uno en contra --el del senador del Partido Justicialista de Salta Juan Carlos Romero-- y nueve abstenciones. La semana pasada, recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados.
El texto señala que los extranjeros no podrán ser propietarios de más del 15 por ciento de las tierras del país, es decir, de más de mil hectáreas. Dentro de ese margen, el 30 por ciento no podrá estar en manos de personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad. Además, impone restricciones a la venta de tierras que contengan o sean ribereñas de masas de agua de gran envergadura.
No obstante, la ley exceptúa a los extranjeros casados con ciudadanos argentinos o que sumen más de diez años de residencia permanente y probada en el país.
La ley apunta que no podrá aplicarse con carácter retroactivo, ni en contra de los tratados bilaterales de inversión suscritos por Argentina, aunque aclara que "no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por ser un recurso no renovable".
Para garantizar el cumplimiento de su contenido, la ley dispone también la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales y de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se comprometió a impulsar la aprobación de esta ley en el Congreso durante su discurso de investidura, pronunciado el pasado 10 de diciembre.
Por ello, la presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado, María Graciela De La Rosa, ha considerado que la aprobación de esta ley "es una respuesta de Cristina (Fernández de Kirchner) en el marco de la situación global".
Por su parte, el oficialismo ha valorado la aprobación de la Ley de Tierras, mientras que la oposición ha considerado que es insuficiente porque debería abordar un debate más amplio sobre la adquisición y tenencia de tierras.