WASHINGTON, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Barack Obama ha solicitado a su Tribunal Supremo que escuche el argumento argentino en contra del fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan para permitir a un fondo de inversión que investigue los activos argentinos fuera de territorio estadounidense.
El conflicto se centra en el dictamen de agosto de 2012, por el que el tribunal de segunda instancia dio vía libre al fondo de inversión NML para que requiriera al Bank of America y al Banco de la Nación Argentina información sobre todos los activos del país sudamericano, tanto fuera como dentro de Estados Unidos.
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner argumentó que esta resolución judicial era contraria a la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de Estados Unidos, que limita el acceso a la información sobre este tipo de activos.
En línea con el argumento argentino, el fiscal general estadounidense, Donald Verrilli, ha hecho hoy un nuevo alegato en el que sostiene que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan "permitió erróneamente" investigar sobre estos activos.
Este caso se enmarca en el proceso judicial que enfrenta al Estado argentino y a NML, integrado en el fondo de inversión Elliott Management, del multimillonario Paul Singer, por la deuda soberana de la nación austral.
El pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó el fallo que obliga a Argentina a pagar unos 1.330 millones de dólares a los acreedores que se negaron a participar de dos reestructuraciones de deuda.
El 93 por ciento de los tenedores de los cerca de 100.000 millones de dólares en bonos argentinos, que el Gobierno dejó de pagar en 2002 por una crisis financiera, aceptaron canjear sus títulos en 2005 y en 2010 con fuertes quitas.
El resto de los acreedores, liderados por los fondos de inversión NML y Aurelius --a los que Argentina llama "buitres"--, han venido litigando para cobrar la totalidad de sus tenencias.
La ejecución de la sentencia se ha suspendido a la espera de que transcurra el plazo para que Argentina recurra, algo que, previsiblemente, hará.